URGENTE!!!
La vergonzosa Cámara de Casación Penal manda a la casa a los únicos 2 genocidas que estaban en Villa Urquiza.
COMO A LOS NAZIS LES VA A PASAR, A DÓNDE VAYAN LOS IREMOS A BUSCAR!!
NI OLVIDO - NI PERDÓN
viernes, 18 de febrero de 2011
Genocidas condenados, de Villa Urquiza a sus casas
Comunicado de Prensa
Desde Tucumán queremos manifestar nuestro más enérgico repudio ante la resolución tomada por la Cámara de Casación Penal, la que con una rapidez inusual, revocó el cumplimiento de las condenas en CARCELES COMUNES de los genocidas Roberto “el tuerto” Albornoz y Luis Armando De Cándido, concediéndoles el beneficio de irse a sus casas a cumplir con sus sendas condenas por crímenes de lesa humanidad.
Esta marcada intencionalidad de favorecer a los genocidas responsables del Terrorismo de Estado tiene varios lamentables antecedentes a lo largo y ancho del país, fue esta misma Cámara la que el año pasado excarceló a Astiz y al Tigre Acosta, dándose el lujo de resolver las formas de cumplimiento de las penas, sin resolver antes el fondo de la cuestión. Desdoblando de esa manera los procesos, descontextualiza las decisiones tomadas por los Tribunales Orales.
El TOF de Tucumán evaluó las declaraciones de testigos, y el riesgo inminente que estos corrían en el caso de que ambos imputados no fueran a una cárcel común.
Albornoz fue el Jefe del CCD Jefatura de Policía (1975-1978) por donde pasaron cientos de tucumanos. Fue acusado de torturar e interrogar de mano propia por testigos en el juicio oral. También le acusaron de violar la prisión domiciliaria y amedrentar a testigos para que no se presentasen a declarar.
Luis De Candido uno de los más feroces torturadores y secuestradores de la Jefatura, fue reconocido por sus víctimas en el marco del juico. Los Sobrevivientes contaron que luego de liberados este policía seguía persiguiéndolos y amedrentándolos.
8 años hace ya de la apertura de las causas por estos aberrantes crímenes, esto es casi una década y en la provincia donde se dio inicio al genocidio mas feroz de nuestra historia solo hubo 2 juicios orales con 5 condenados por aquellos crímenes, 2 de los cuales están en sus cárceles de lujo, en countries.
A 35 años del golpe genocida, Tucumán no solamente tiene que soportar las constantes dilaciones, con megacausas como la de Arsenales que lleva años a la espera de ser elevado a juicio oral, sino que a esto se le agrega que la Cámara de Casación de la nación resuelve mandar a sus casas a los 2 únicos genocidas que cumplían sus condenas en cárceles comunes.
Será Justicia?
H.I.J.O.S. Tucumán en la Red Nacional
(Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)
FA.DE.TUC.
(Familiares de Desaparecidos de Tucumán)
jueves, 6 de enero de 2011
Al Sr Director del Diario Perfil. Derecho a Réplica
3 de enero de 2011
Sr. Director del Diario Perfil
Jorge Fontevecchia
Me dirijo a usted para expresar nuestro agravio y pedido de difusión de la presente Carta por la información que publicó el diario Perfil en su suplemento “El Observador” el 12 de diciembre de 2010.
Bajo el título "La masacre de Margarita Belén. Hace 34 años. La prueba del testigo clave”, y en un recuadro titulado “Un fusilamiento encubierto”, el periodista Vidal Mario incorpora la lista de víctimas y supuestos victimarios, y dos hipótesis sobre el motivo del fusilamiento que se presentan como “opiniones”: 1) Eliminar a sospechosos de haber participado en un operativo contra un regimiento de Formosa el 5 de octubre de 1975 (no es una opinión sino la explicación de los asesinos y sus cómplices); y 2) un objetivo más general: “provocar terror en la población”. Dentro del recuadro se publica una foto de mi marido Néstor Sala, esposado y con el torso desnudo, el pantalón roto y evidentes signos de tortura con el epígrafe: "SALA: Para las FFAA participó en el ataque al cuartel en Formosa".
Ante una consulta a Vidal Mario sobre el origen de la foto y un pedido de referencias sobre la leyenda que lo vincula con un delito, el periodista me respondió que imagen y epígrafe fueron agregadas por el diario, y me remitió al editor Ceferino Reato.
Esa foto fue producida mientras mi esposo era torturado por miembros de la Brigada de Investigaciones de Resistencia, Chaco, en 1975, delitos de los fui testigo directa, y fue extraída de un expediente del Juzgado de Formosa del año 1976.
Las torturas infligidas a mi marido que se prueban con esa foto forjaron un Juicio Oral por crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco entre 1975 y 1978, que concluyó un día después de la nota con la condena a diez policías y dos militares a penas de entre 15 y 25 años de prisión mientras se consustancia el Juicio Oral por la Masacre de Margarita Belén, donde fueron ultimados más de una decena de víctimas, entre ellos mi esposo, y cuyos cuerpos siguen aun desaparecidos, sin reconocer nuestro derecho a hallarlos, identificarlos y a transitar el duelo. Ese juicio está hoy a punto de concluir, donde deseamos que por la acumulación de pruebas calificadas sea una sentencia condenatoria al terrorismo de estado, en este caso a los victimarios citados por la nota (1).
El epígrafe de la foto, sin embargo, no hace ninguna referencia a las torturas sino a la justificación que los asesinos esbozaban mientras gozaban de impunidad y seguramente deben sostener en privado, explicación que por razones anti--inculpatorias no repiten en el Juicio Oral en el Estado de Derecho. Sin mayor información sobre la operación se instituye un “hecho delictuoso” en el imaginario cultural donde la palabra escrita pasa a ser fundamento teórico, o sea se culpabiliza definitivamente a Néstor Sala siendo inocente.
Se induce al lector sin ninguna prueba a vincular un fusilamiento fraguado con la operación citada, decisión que por sí misma implica condenar y criminalizar a ciudadanos indefensos, muertos y/o desaparecidos por las fuerzas armadas que ahora son juzgadas por haber usufructuado al Estado para acometer sometimientos, lesiones mortíferas que devinieron en matanzas abyectas a nuestros seres queridos, con daños gravosos a su condición humana y a nosotros como familiares e hijos sine die… crímenes que son y serán inamnistiables e imprescriptibles
Saludo a usted.
Psic. Mirta Clara viuda de Sala
Familiar de la Masacre de Margarita Belén
Mujeres por la Paz. Berna, Suiza. 2005-2010
1. . El proceso judicial en el Juicio Oral de la Masacre de Margarita Belén es llevado por la querella Dr. Mario Bosch, Secretaría de DH Nación en representación de nosotros como Familiares. También el C.E.L.S. a través de su Director Horacio Verbitsky, la Dra. Carolina Varsky. Participa el Dr. Sergio Quiroz de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco, en nombre del Gobierno de dicha Provincia. Y La Liga Argentina por los Derechos Humanos también son querellantes. Y nos acompañan H.I.J.O.S., todos serán informados de la presente carta.
Sr. Director del Diario Perfil
Jorge Fontevecchia
Me dirijo a usted para expresar nuestro agravio y pedido de difusión de la presente Carta por la información que publicó el diario Perfil en su suplemento “El Observador” el 12 de diciembre de 2010.
Bajo el título "La masacre de Margarita Belén. Hace 34 años. La prueba del testigo clave”, y en un recuadro titulado “Un fusilamiento encubierto”, el periodista Vidal Mario incorpora la lista de víctimas y supuestos victimarios, y dos hipótesis sobre el motivo del fusilamiento que se presentan como “opiniones”: 1) Eliminar a sospechosos de haber participado en un operativo contra un regimiento de Formosa el 5 de octubre de 1975 (no es una opinión sino la explicación de los asesinos y sus cómplices); y 2) un objetivo más general: “provocar terror en la población”. Dentro del recuadro se publica una foto de mi marido Néstor Sala, esposado y con el torso desnudo, el pantalón roto y evidentes signos de tortura con el epígrafe: "SALA: Para las FFAA participó en el ataque al cuartel en Formosa".
Ante una consulta a Vidal Mario sobre el origen de la foto y un pedido de referencias sobre la leyenda que lo vincula con un delito, el periodista me respondió que imagen y epígrafe fueron agregadas por el diario, y me remitió al editor Ceferino Reato.
Esa foto fue producida mientras mi esposo era torturado por miembros de la Brigada de Investigaciones de Resistencia, Chaco, en 1975, delitos de los fui testigo directa, y fue extraída de un expediente del Juzgado de Formosa del año 1976.
Las torturas infligidas a mi marido que se prueban con esa foto forjaron un Juicio Oral por crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco entre 1975 y 1978, que concluyó un día después de la nota con la condena a diez policías y dos militares a penas de entre 15 y 25 años de prisión mientras se consustancia el Juicio Oral por la Masacre de Margarita Belén, donde fueron ultimados más de una decena de víctimas, entre ellos mi esposo, y cuyos cuerpos siguen aun desaparecidos, sin reconocer nuestro derecho a hallarlos, identificarlos y a transitar el duelo. Ese juicio está hoy a punto de concluir, donde deseamos que por la acumulación de pruebas calificadas sea una sentencia condenatoria al terrorismo de estado, en este caso a los victimarios citados por la nota (1).
El epígrafe de la foto, sin embargo, no hace ninguna referencia a las torturas sino a la justificación que los asesinos esbozaban mientras gozaban de impunidad y seguramente deben sostener en privado, explicación que por razones anti--inculpatorias no repiten en el Juicio Oral en el Estado de Derecho. Sin mayor información sobre la operación se instituye un “hecho delictuoso” en el imaginario cultural donde la palabra escrita pasa a ser fundamento teórico, o sea se culpabiliza definitivamente a Néstor Sala siendo inocente.
Se induce al lector sin ninguna prueba a vincular un fusilamiento fraguado con la operación citada, decisión que por sí misma implica condenar y criminalizar a ciudadanos indefensos, muertos y/o desaparecidos por las fuerzas armadas que ahora son juzgadas por haber usufructuado al Estado para acometer sometimientos, lesiones mortíferas que devinieron en matanzas abyectas a nuestros seres queridos, con daños gravosos a su condición humana y a nosotros como familiares e hijos sine die… crímenes que son y serán inamnistiables e imprescriptibles
Saludo a usted.
Psic. Mirta Clara viuda de Sala
Familiar de la Masacre de Margarita Belén
Mujeres por la Paz. Berna, Suiza. 2005-2010
1. . El proceso judicial en el Juicio Oral de la Masacre de Margarita Belén es llevado por la querella Dr. Mario Bosch, Secretaría de DH Nación en representación de nosotros como Familiares. También el C.E.L.S. a través de su Director Horacio Verbitsky, la Dra. Carolina Varsky. Participa el Dr. Sergio Quiroz de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco, en nombre del Gobierno de dicha Provincia. Y La Liga Argentina por los Derechos Humanos también son querellantes. Y nos acompañan H.I.J.O.S., todos serán informados de la presente carta.
jueves, 30 de diciembre de 2010
La Teología de la Muerte
Por Rubén Dri *El 23 de diciembre, organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se llevó a cabo el juicio ético a la Iglesia cómplice de la dictadura militar. Se resaltó que el juicio no era a toda la Iglesia ni era contra la fe o contra el cristianismo, sino contra la Iglesia cómplice. Se recalcó que hubo otra Iglesia comprometida, cuyos militantes fueron perseguidos, secuestrados, encarcelados, torturados y “desaparecidos” como todos los militantes populares. En el juicio expuse conceptos centrales de una verdadera Teología de Mal, que ya había expuesto en Teología y dominación y que, por diversos motivos, habían pasado inadvertidos. Varios me expresaron asombro y horror. Me parece, pues, importante reproducir algunos conceptos entonces publicados, previa readecuación al momento presente. Ello echa un poco de claridad sobre los hechos aberrantes que salen a luz a raíz de los juicios a los máximos responsables del genocidio.
Los crímenes de la dictadura militar fueron impulsados por una determinada mística del soldado cristiano que ha sido coherentemente mantenida por los vicarios y el provicario castrense, en el período que va del ’76 al ’83. La concepción de la presencia de “Dios en el soldado”, que defendía el provicario Victorio Bonamín en 1976, es la misma que está presente en la concepción de los militares argentinos como “soldados del evangelio” que sostiene el vicario castrense José Medina en 1982.
Tanto Bonamín como Medina son buenos exponentes de esta concepción del militar cristiano. Pero tal vez sea el vicario y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Adolfo Tortolo, la voz más autorizada. Sus conceptos al respecto son sobrecogedores y permiten en cierta manera comprender la “furia mística” de ciertos militares como Videla. “El cristiano toma en sus manos –como hombre que vive su conciencia sacerdotal– el don de la vida natural y la ofrece a Dios destruyéndose o inmolándose en reconocimiento de la infinita majestad de Dios y en prueba de su entrega definitiva al Ideal. Esto nos lleva a la ofrenda en aras de un Ideal cuya raíz es Dios; al servir a la Patria hasta morir por ella.”
Ya tenemos los conceptos que fundamentarán la mística del soldado cristiano, capaz de morir y de matar: la “Infinita Majestad de Dios”, Dios todopoderoso, el cual exige destrucción o inmolación. Dios es un Ideal que se alimenta de la destrucción de la vida natural. Necesita sangre. De Dios deriva la Patria, que viene a ser una encarnación divina; en consecuencia un Ideal que solo vivirá de inmolación y destrucción.
“El amor a la Patria es sagrado [...] Cristo amó a su Patria, sojuzgada entonces por Roma. Dignificó y santificó de este modo el valor de la Patria. El amor a la Patria, que debe ser generoso y leal en cualquier hombre, debe serlo doblemente en el cristiano. Si morir por la Patria es dulce para cualquier hombre de bien, más dulce lo es para el cristiano que contempla el universo a la luz de la fe, y a la luz de la fe considera el Ideal de la Patria. Este amor a la Patria debe darse en grado eminente y heroico en quienes integran las Fuerzas Armadas de una Nación.” Un amor “en grado eminente y heroico” a un Ideal que exige inmolación y destrucción puede ser terrible, puede llevar a la furia de la destrucción “más allá del bien y del mal”.
Continúa el vicario castrense: “La vocación militar está signada por el riesgo permanente. Riesgo que la Fortaleza espiritual dinamiza y nutre. En las Fuerzas Armadas debe darse una clara y decidida vocación a la muerte como ideal inherente a su más entrañable Ideal Militar, condición ‘sine qua non’ para vivir el sentido heroico de la vida y para realizarse con el plasma que plasma héroes”. La “Fortaleza espiritual”, es decir, la mística que proporciona la legitimación teológica que realiza el vicariato, “nutre y dinamiza” el “riesgo permanente” de los militares, ese jugarse siempre al borde de la muerte que los caracteriza, porque al Ideal Militar le es inherente la vocación a la muerte. Allí está presente la Iglesia con su teología de la muerte para sostener espiritualmente a los caballeros de la muerte.
Pero el vicario castrense no deja de seguir internándose en estas profundas sendas de la mística de la muerte: “El héroe está hecho de renuncias personales, de grandeza de alma, de fe integral, ajena a toda servidumbre espuria. El héroe está situado inmediatamente después que el santo –sin olvidar que todo santo es héroe– así sea héroe con el heroísmo de la humildad y del silencio”. El texto habla de por sí. El héroe, o sea, el militar, viene inmediatamente después del santo, o sea del sacerdote, sin olvidar que todo santo o sacerdote es héroe o militar, el santo y el héroe, la cruz y la espada, la Iglesia y el Estado. El sacerdote u hombre de Iglesia es un santo-héroe y el militar un héroe-santo, anverso y reverso de la misma realidad, con hegemonía del santo pero que sólo puede hacerla valer con la fuerza del héroe.
Luego viene la estremecedora conclusión: “No es necesaria la efusión de sangre para ser héroe. Basta vivir el terrible cotidiano, sin dejar de cultivar la perspectiva de una senda que exija la efusión de sangre”. Creo que no es necesario agregar nada más. Aquí está en toda su trágica dimensión lo sustancial de una Teología de la Dominación, que se manifiesta crudamente como Teología de la Muerte, que sirvió para mantener el espíritu de los militares que sólo mediante un genocidio creían poder volver atrás la historia para revivir los supuestos idílicos tiempos de la perfecta unión entre la cruz y la espada.
La Teología de la Dominación en su versión más acabada de la Teología de la Muerte desarrollada por los vicarios castrenses, con su correspondiente mística del soldado cristiano, debía ser aplicada por los capellanes militares, cuya labor era, como la definió Bonamín, “formar espiritualmente y doctrinariamente a los cadetes y soldados”. Monseñor Antonio Plaza, al estrenarse como flamante capellán de la policía bonaerense, la de Camps, aseguró que la Iglesia brindaría “fortaleza espiritual” a los integrantes de los cuadros policiales y a sus familias “para templarlos ante la adversidad”.
Los capellanes militares junto con los integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales, en los centros clandestinos, en sus relaciones con las familias de los militares, eran la cruz junto a la espada, el espíritu que animaba a la materia, lo sagrado que daba sentido a lo profano, es decir, a los secuestros, torturas y desapariciones. En efecto, de acuerdo con la mística que se deriva de la concepción del Dios mayestático que exige inmolación y destrucción, el capellán Mackinnon podía invocar a Dios “para que nuestro uniforme no tenga otra mancha que la de la sangre propia o ajena derramada por una causa justa; porque esta sangre no mancha, dignifica”.
Esta acción mostró su eficacia en los centros clandestinos. Hay testimonios sobre la existencia de interrogadores cursillistas, además del conocimiento que tenemos de la existencia de toda una brigada que llevaba el nombre de “Colores”, el himno del cursillismo, cuyo representante principal, apellidado precisamente Colores, se caracterizaba por la manera en que gozaba las torturas. Había militares que en los centros clandestinos usaban el rosario, militares torturadores que se consideraban cruzados, inquisidores, enviados de Dios en contra de los diablos; torturadores que interrogaban sobre la fe de sus víctimas; y por supuesto la continua proclamación de “los valores occidentales y cristianos” por los que se lucha.
* Profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
miércoles, 29 de diciembre de 2010
Los abusos sexuales y las violaciones, dentro del marco del plan represivo
En el marco de la megacausa Arsenales, el juez Bejas atribuye a los jefes militares responsabilidad directa sobre los delitos sexuales cometidos contra las mujeres que estaban desaparecidas.
La sentencia dictada por el juez federal Daniel Bejas en la causa Arsenales señala, por primera vez en las causas de delitos de lesa humanidad, a los abusos sexuales y la violación de las mujeres detenidas como parte del plan sistemático de exterminio que llevó adelante la dictadura militar entre los años 1976 y 1983.
En este sentido Bejas sostiene que "la comisión de delitos sexuales en el contexto del terrorismo de estado vigente en nuestro país entre 1975/1983 fue relevada por la CONADEP y plasmada en su informe, donde se documentaron la comisión de homicidios, violaciones sexuales, torturas, extorsiones, saqueos y otros graves delitos perpetrados en el marco de la persecución política e ideológica (Informe CONADEP “Nunca Más”).
Sigue la sentencia: "No obstante el marco de la acusación, la Cámara Federal al emitir sentencia consideró demostrado que “las órdenes impartidas dieron lugar a la comisión de un gran número de delitos de privación de libertad, a la aplicación de tormentos y a homicidios. Asimismo, se ha evidenciado que en la ejecución de los hechos, los subordinados cometieron otros delitos que no estaban directamente ordenados, pero que podían considerarse consecuencia natural del sistema adoptado” (Sentencia Causa 13/84, Capítulo Séptimo, Punto 1).
Y expresa demás: "Los delitos sexuales denunciados por las víctimas en sus testimonios, no fueron objeto de acción penal habiendo permanecido invisibilizados hasta fechas recientes… Consecuentemente, este magistrado considera que el análisis de la comisión de delitos sexuales en la presente megacausa, resulta imperativo a la luz de la obligación internacional de investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos a cargo del Estado Argentino (art. 1.1. de la CADH)."
Para Bejas, "la violencia contra una persona en base a su género y especialmente la violencia sexual dirigida contra mujeres y niñas no es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad, no obstante la adopción de medidas tendientes a su investigación y juzgamiento en el ámbito internacional y en los ámbitos nacionales se ha emprendido con seriedad recién a fines del S XX. Con anterioridad, los delitos de género fueron considerados como daños colaterales a la guerra y su persecución fue dejada en segundo planto, lo que aparejaba la impunidad de sus autores. La percepción de la gravedad de estos delitos y de sus consecuencias negativas en la reinserción de mujeres victimas de violencia en conflictos armados internacionales e internos, fue visibilizada a partir del trabajo efectuado por los Tribunales Penales Internacionales Ad Hoc para Ruanda y la ex Yugoslavia, quienes plasmaron, investigaron y juzgaron los actos de violencia con base en género y de índole sexual, imponiendo un avance sumamente importante en la lucha contra la impunidad por crímenes basados en el género."
"La perspectiva de género se introduce por primera vez en la jurisprudencia de la Corte IDH a través de la sentencia de fondo emitida en la causa “Castro Castro”. La Corte IDH, en el caso citado considera demostrado que durante los conflictos armados internos e internacionales las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual contra las mujeres como un medio de castigo y represión. La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno además de afectarles a ellas en forma directa puede tener como objetivo causar un efecto en al sociedad a través de esas violaciones o dar un mensaje o lección."
"Paralelamente, en la causa “Campo Algodonero” la Corte IDH avanza sobre los conceptos vertidos en el precedente citado y establece la responsabilidad del Estado por “haber permanecido indiferente frente a una situación crónica de violencia… ante la existencia de una cultura de discriminación contra la mujer”. Para la Corte IDH el Estado es responsable por los actos cometidos por particulares atento su condición de garante respecto del riesgo de violencia basada en género: teoría del riesgo creado (art. 7 de la Convención de Belén do Pará)."
"En tal sentido y como fuera desarrollado en el Juicio a las Juntas, el plan de represión ejecutado por la dictadura militar habilitó la comisión de ilícitos que no estaban directamente ordenados, pero que podían considerarse consecuencia natural del sistema de clandestinidad adoptado (Sentencia causa 13/84 capítulo séptimo)."
"De lo expuesto cabe concluir que, durante la vigencia del terrorismo de estado, la violencia de género no fue producto de desviaciones particulares, sino ejercida en forma sistemática como el resto de los delitos investigados, por lo que corresponde ingresar al análisis de la prueba incorporada en la presente megacausa a efectos de verificar la comisión o no de las conductas descriptas en los tipos penales de abuso deshonesto y violación sexual."
"Atribución de los delitos sexuales (Apartado 6.4): Los delitos sexuales, específicamente, el delito de violación, fueron tradicionalmente definidos como “delitos de propia mano” en razón de considerarse que se requería para su comisión la realización corporal, es decir “que sólo pueden ser llevados a cabo mediante la propia ejecución corporal de las acciones típicas” (ROXIN, C., Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1998, p.443)."
"La calificación de los delitos contra la libertad sexual como delitos de propia mano, si bien puede considerarse como mayoritaria, se encuentra actualmente cuestionada en la doctrina, particularmente desde quienes defienden la teoría objetivo material del dominio del hecho, y sobre la base de una adecuada concepción del bien jurídico protegido".
Conforme tal perspectiva, autor de este delito será quien domine el hecho, es decir, quien tenga el poder de decidir o determinar la configuración central del acontecimiento, porque puede detener o proseguir la realización del suceso íntegro; y partícipes serán quienes realicen aportes sin ese poder. Consecuentemente, cabe concluir que la figura penal admite todas las formas de autoría (individual, mediata, coautoría paralela y funcional) y participación (complicidad e instigación) (Cfr. Javier De Luca y Julio López Casariego, Ob. Cit)".
"Conforme tales conceptos podría concluirse, en primer lugar, que los delitos sexuales cometidos por subordinados contra detenidos/as clandestinos/as, si bien no habrían conformado el conjunto de ilícitos directamente ordenados por las Fuerzas Armadas, si habrían conformado el conjunto de delitos a producirse como consecuencia natural de la clandestinidad del sistema y de la garantía de impunidad vigente."
"En dicho marco cabe afirmar que aquellos imputados que poseían capacidad de decisión conforme su ubicación en la cadena de mandos, tanto de las Fuerzas Armadas como de las fuerzas de seguridad, habrían prestado una colaboración imprescindible para la comisión de tales ilícitos al amparo de tres decisiones que sí habrían conformado directamente el plan criminal:
La sentencia dictada por el juez federal Daniel Bejas en la causa Arsenales señala, por primera vez en las causas de delitos de lesa humanidad, a los abusos sexuales y la violación de las mujeres detenidas como parte del plan sistemático de exterminio que llevó adelante la dictadura militar entre los años 1976 y 1983.
En este sentido Bejas sostiene que "la comisión de delitos sexuales en el contexto del terrorismo de estado vigente en nuestro país entre 1975/1983 fue relevada por la CONADEP y plasmada en su informe, donde se documentaron la comisión de homicidios, violaciones sexuales, torturas, extorsiones, saqueos y otros graves delitos perpetrados en el marco de la persecución política e ideológica (Informe CONADEP “Nunca Más”).
Sigue la sentencia: "No obstante el marco de la acusación, la Cámara Federal al emitir sentencia consideró demostrado que “las órdenes impartidas dieron lugar a la comisión de un gran número de delitos de privación de libertad, a la aplicación de tormentos y a homicidios. Asimismo, se ha evidenciado que en la ejecución de los hechos, los subordinados cometieron otros delitos que no estaban directamente ordenados, pero que podían considerarse consecuencia natural del sistema adoptado” (Sentencia Causa 13/84, Capítulo Séptimo, Punto 1).
Y expresa demás: "Los delitos sexuales denunciados por las víctimas en sus testimonios, no fueron objeto de acción penal habiendo permanecido invisibilizados hasta fechas recientes… Consecuentemente, este magistrado considera que el análisis de la comisión de delitos sexuales en la presente megacausa, resulta imperativo a la luz de la obligación internacional de investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos a cargo del Estado Argentino (art. 1.1. de la CADH)."
Para Bejas, "la violencia contra una persona en base a su género y especialmente la violencia sexual dirigida contra mujeres y niñas no es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad, no obstante la adopción de medidas tendientes a su investigación y juzgamiento en el ámbito internacional y en los ámbitos nacionales se ha emprendido con seriedad recién a fines del S XX. Con anterioridad, los delitos de género fueron considerados como daños colaterales a la guerra y su persecución fue dejada en segundo planto, lo que aparejaba la impunidad de sus autores. La percepción de la gravedad de estos delitos y de sus consecuencias negativas en la reinserción de mujeres victimas de violencia en conflictos armados internacionales e internos, fue visibilizada a partir del trabajo efectuado por los Tribunales Penales Internacionales Ad Hoc para Ruanda y la ex Yugoslavia, quienes plasmaron, investigaron y juzgaron los actos de violencia con base en género y de índole sexual, imponiendo un avance sumamente importante en la lucha contra la impunidad por crímenes basados en el género."
"La perspectiva de género se introduce por primera vez en la jurisprudencia de la Corte IDH a través de la sentencia de fondo emitida en la causa “Castro Castro”. La Corte IDH, en el caso citado considera demostrado que durante los conflictos armados internos e internacionales las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual contra las mujeres como un medio de castigo y represión. La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno además de afectarles a ellas en forma directa puede tener como objetivo causar un efecto en al sociedad a través de esas violaciones o dar un mensaje o lección."
"Paralelamente, en la causa “Campo Algodonero” la Corte IDH avanza sobre los conceptos vertidos en el precedente citado y establece la responsabilidad del Estado por “haber permanecido indiferente frente a una situación crónica de violencia… ante la existencia de una cultura de discriminación contra la mujer”. Para la Corte IDH el Estado es responsable por los actos cometidos por particulares atento su condición de garante respecto del riesgo de violencia basada en género: teoría del riesgo creado (art. 7 de la Convención de Belén do Pará)."
"En tal sentido y como fuera desarrollado en el Juicio a las Juntas, el plan de represión ejecutado por la dictadura militar habilitó la comisión de ilícitos que no estaban directamente ordenados, pero que podían considerarse consecuencia natural del sistema de clandestinidad adoptado (Sentencia causa 13/84 capítulo séptimo)."
"De lo expuesto cabe concluir que, durante la vigencia del terrorismo de estado, la violencia de género no fue producto de desviaciones particulares, sino ejercida en forma sistemática como el resto de los delitos investigados, por lo que corresponde ingresar al análisis de la prueba incorporada en la presente megacausa a efectos de verificar la comisión o no de las conductas descriptas en los tipos penales de abuso deshonesto y violación sexual."
"Atribución de los delitos sexuales (Apartado 6.4): Los delitos sexuales, específicamente, el delito de violación, fueron tradicionalmente definidos como “delitos de propia mano” en razón de considerarse que se requería para su comisión la realización corporal, es decir “que sólo pueden ser llevados a cabo mediante la propia ejecución corporal de las acciones típicas” (ROXIN, C., Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1998, p.443)."
"La calificación de los delitos contra la libertad sexual como delitos de propia mano, si bien puede considerarse como mayoritaria, se encuentra actualmente cuestionada en la doctrina, particularmente desde quienes defienden la teoría objetivo material del dominio del hecho, y sobre la base de una adecuada concepción del bien jurídico protegido".
Conforme tal perspectiva, autor de este delito será quien domine el hecho, es decir, quien tenga el poder de decidir o determinar la configuración central del acontecimiento, porque puede detener o proseguir la realización del suceso íntegro; y partícipes serán quienes realicen aportes sin ese poder. Consecuentemente, cabe concluir que la figura penal admite todas las formas de autoría (individual, mediata, coautoría paralela y funcional) y participación (complicidad e instigación) (Cfr. Javier De Luca y Julio López Casariego, Ob. Cit)".
"Conforme tales conceptos podría concluirse, en primer lugar, que los delitos sexuales cometidos por subordinados contra detenidos/as clandestinos/as, si bien no habrían conformado el conjunto de ilícitos directamente ordenados por las Fuerzas Armadas, si habrían conformado el conjunto de delitos a producirse como consecuencia natural de la clandestinidad del sistema y de la garantía de impunidad vigente."
"En dicho marco cabe afirmar que aquellos imputados que poseían capacidad de decisión conforme su ubicación en la cadena de mandos, tanto de las Fuerzas Armadas como de las fuerzas de seguridad, habrían prestado una colaboración imprescindible para la comisión de tales ilícitos al amparo de tres decisiones que sí habrían conformado directamente el plan criminal:
(i) la clandestinidad de la detenciones;
(ii) la autorización relativa a que los/las detenidos/as clandestinos sufran condiciones inhumanas a fin de quebrar su resistencia moral;
(iii) la garantía de impunidad para los ejecutores."
FUENTE: www.eldiario24.com
21 genocidas procesados por genocidio
Siguen los regalos de Navidad. El juez Bejas ordenó el procesamiento a 21 genocidas, y para algunos el inmediato traslado a un alojamiento penitenciario, la cárcel de Villa Urquiza, en el marco de la megacausa Arsenales II, que fuera el centro clandestino de detención y exterminio más grande del NOA, por donde se estima pasaron alrededor de 3000 personas. Entre los procesados se encuentran militares, gendarmes, policías, civiles y un cura.
UN CONOCIDO ESCRIBANO TUCUMANO DETENIDO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
UN CONOCIDO ESCRIBANO TUCUMANO DETENIDO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
El juez federal Nº 1 de Tucumán, Daniel Bejas, decidió procesar y dictar la prisión preventiva el escribano Juan Carlos Benedicto, titular del Registro Notarial Nº 25 de San Miguel de Tucumán como autor material de delitos de lesa humanidad en el marco de la causa denominada Actuaciones Complementarias ARSENALES MIGUEL DE AZCUÉNAGA Centro Clandestino de Detención s/Secuestros y Desapariciones (Expte. 443/84). La escribanía está ubicada en calle Buenos Aires 325.
Bejas dispuso que Benedicto sea alojado en la cárcel de Villa Urquiza en una sentencia que marca un hito debido a que entre los responsables del genocidio cometido en nuestro país durante la dictadura militar del período 1976-1983, se imputa a un civil como responsable de los delitos de torturas seguidas de muerte. Benedicto fue señalado por testigos como el autor de la muerte de dos mujeres, una de las cuales estaba embarazada al momento de su asesinato.
La "Causa Arsenales" contiene otros aspectos relevantes como atribuir responsabilidad a los jefes militares sobre las violaciones y abusos sexuales contra las mujeres detenidas en una resolución sin precedentes y la participación de un sacerdote de la Iglesia Católica, José Eloy Mijalchyk, como partícipe secundario de lo que la sentencia describe como el circuito represivo o circuito de la muerte dentro del plan sistemático de aniquilamiento de los opositores políticos al régimen militar.
En uno de los tramos de la sentencia que cuenta con más de 400 páginas, se destaca que "a la luz de la prueba obrante en la causa, puede concluirse que el centro clandestino que habría funcionado en el predio del Arsenal Miguel de Azcuénaga se configuraría como un centro de detención emblemático y funcionalmente determinante en el cumplimiento del plan de represión puesto en marcha en la provincia de Tucumán, habiendo funcionado como destino final del circuito represivo".
También se describe la manera en que operaba el centro clandestino y qué organismos del Estado participaban como cuando sostiene que "habría existido una relación funcional entre el centro clandestino de detención que habría sido montado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y el Destacamento de Inteligencia 142 del Ejército, el Regimiento 19 de Infantería de Tucumán y Gendarmería Nacional". El destacamento 142 del Batallón 601 de Inteligencia contaba con la participación de numerosos civiles entre los que se cuentan los periodistas Osvaldo "Cacho" García y Roberto Alvarez, así como el actual juez de Concepción, Jesús Carlos Pellegri y que fuera denunciado en el mes de marzo por eldiario24.com tras desclasificarse archivos secretos del Ministerio de Defensa.
La lista total de procesados en esta nueva megacausa la integran además del escribano Benedicto y el sacerdote Mijalchyk, Roberto Heriberto Albornoz (autor material), Pedro Osvaldo Caballero (encubrimiento), Camilo Ángel Colotti (autor mediato), Adolfo Ernesto Moore (autor mediato), Ariel Orlando Valdivieso (autor mediato), Carlos Eduardo Trucco (autor mediato), Ernesto Rivero (partícipe primario), Ramón Alfredo Ojeda Fuente (partícipe primario), Alberto Héctor Rafael Montes de Oca (partícipe primario), Fernando Torres (partícipe primario), Marcelo Omar Godoy (autor material), Celso Alberto Barraza (autor material), Ernesto Alais (autor mediato y partícipe primario), José Carlos Sowinski (partícipe primario), Hugo Enzo Soto (encubrimiento), Tomás Adolfo Güemes (autor material y partícipe primario), Luis Orlando Varela (autor mediato y partícipe primario), Augusto Leonardo Neme (autor mediato) y Miguel Alfredo Manuel Paz (autor mediato).
Los delitos que se les atribuyen a los procesados fueron cometidos contra HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, CAMPOPIANO Julio César, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo y BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena.
Tambien pasaron y sufrieron tormentos por Arsenales, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, DÍAZ MACÍAS Enrique Gonzalo, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar y PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles.
Otras víctimas fueron ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Beningno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SAFAROV Víctor Hugo, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco y GONZÁLEZ Humberto Alfredo.
Otras víctimas de Arsenales fueron LORENZO LERMA Andrés Héctor, PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ABAD Julio Ricardo, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis y CANTOS Germán.
FUENTE: www.eldiario24.com
EL CURA DE LOS GENOCIDAS
En el marco de la causa "Arsenales II"declaró como imputado el Padre José Eloy Mijalchyk, que -como lo denunció ContraPunto en Julio de 2009- habría sido cómplice de los delitos cometidos en ese lugar. Es el primer miembro de la iglesia acusado en Tucumán en el marco del genocidio de la última dictadura militar. A pesar de esto, sigue ejerciendo como sacerdote en la Iglesia San José Obrero de El Colmenar. La participación cómplice de sectores no militares en el plan de genocidio vuelve a ser puesta sobre el tapete.
Según la acusación de la Fiscalía Federal, el Padre José Eloy Mijalchyk fue de hecho el capellán del Centro Clandestino de Detención (CCD) Arsenal Miguel de Azcuénaga entre 1976 y 1977. Está imputado como colaborador de la dictadura militar y fue citado ante el Juzgado Federal nº1, donde prestó declaración indagatoria el 10 de noviembre de 2010.
Después de repasar los antecedentes que marcaron la postura de la Iglesia en esa época negra de la historia argentina, Bejas concluyó lo siguiente: “producido el golpe militar en marzo de 1.976, la cúpula institucional de la Iglesia Católica Argentina se habría constituido en un actor relevante en la legitimación del proceso político y social impuesto por el gobierno de facto, e inclusive habría prestado colaboración para garantizar la ejecución del plan puesto en marcha por las Fuerzas Armadas –ignorando denuncias de los familiares y omitiendo interceder para determinar el destino de las personas que desaparecían-“.
El “Padre Pepe” está imputado como partícipe penalmente responsable de los delitos cometidos en perjuicio de Félix Viterbo Corbalán (privación ilegitima de la libertad y tormentos, homicidio calificado), María Angélica Mazzamuto de Romero, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero (privación ilegitima de la libertad y tormentos en las tres ocasiones), ejecutando éstas conductas como parte de una asociación ilícita calificada. “Hay motivos para pensar que se trata de una persona que efectuó un aporte que representó una cooperación para la comisión de tales delitos y por ello debe vinculárselo con estos ilícitos” manifiesta en su pedido de indagatoria Emilio Ferrer, fiscal interviniente hasta su jubilación en octubre de 2010.
La declaración del cura llevó al fiscal federal Emilio Ferrer, quien estuvo a cargo de la investigación, a indagar sobre la postura de la Iglesia en ese entonces y constató que el espíritu de las autoridades eclesiásticas era “cooperar” con el gobierno de facto. “En su carácter de presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (Adolfo Tortolo), llegó a defender en las asambleas episcopales el uso de la tortura, extrayendo argumento de teólogos y pontífices medievales (Diario La Nación, 25 de marzo de 1976, “Posición de la Iglesia ante el nuevo gobierno”; www.nuncamas.org/formularios )”, enfatizó el magistrado.
“¿Qué dictadura?”
En su declaración como imputado realizada en noviembre último ante la Fiscalía Federal. El religioso negó conocer a las personas y causas por las está imputado (salvo a Félix Corbalán por terceros) y desconocer el rol que cumplía en la última dictadura la iglesia.
Contrariamente a esta posición, en su declaración ante la justicia del 20 de diciembre de 1986 Mijalchyk tenía un discurso afín a la dictadura y justificaba el plan sistemático de exterminio. Textualmente manifestó que “sabía perfectamente de la forma en que se movían estas organizaciones, ya que tuvo oportunidad de conversar con personas que lo contaban. Todo esto trajo aparejado que el PEN transformara a Tucumán en Zona de Operaciones para poder luchar con posibilidades de éxito contra las fuerzas irregulares que mantenían en vilo a la población”. Conocía esto no solo “como ciudadano” sino también por “sus funciones como sacerdote”, según u propio relato.
El rol del “Padre Pepe”
Desde 1968 y hasta la actualidad, el Padre Pepe sigue a cargo de la parroquia San José Obrero de El Colmenar. El 18 de mayo de 1982 fue nombrado Capellán Auxiliar del Regimiento 19 de Infantería de Tucumán por su propio pedido. En ese rol el 24 de septiembre de este año ofició como prelado en los festejos de la Virgen de la Merced, patrona del ejército.
El rol del “Padre Pepe”
Desde 1968 y hasta la actualidad, el Padre Pepe sigue a cargo de la parroquia San José Obrero de El Colmenar. El 18 de mayo de 1982 fue nombrado Capellán Auxiliar del Regimiento 19 de Infantería de Tucumán por su propio pedido. En ese rol el 24 de septiembre de este año ofició como prelado en los festejos de la Virgen de la Merced, patrona del ejército.
Marcos Taire, periodista tucumano, escribió en una nota del portal Argenpress que un prisionero, mientras realizaba tareas ordenadas por sus captores, se topó con Mijalchyk. Aprovechó la oportunidad para preguntarle si no iba a rezar por ellos, a lo que el cura respondió "para lo que les va a servir".
El portal de noticias Contrapunto consigna que "en marzo del 2006, el papa Benedicto XVI otorgó el título de "Prelado de Honor de Su Santidad" a José Eloy Mijalchyk. La distinción pontificia, por las que empezó a recibir el tratamiento de "monseñor", fue por "los servicios ministeriales prestados" a la arquidiócesis de Tucumán. La información agrega que "las denuncias interpuestas contra el Padre Pepe son del año 2005, por lo que la cúpula eclesiástica premió a un sacerdote sospechado judicialmente de delitos de lesa humanidad. Es presentado como sacerdote de la arquidiócesis de Tucumán y capellán castrense del Ejército Argentino por la página del Arzobispado provincial".
"Actualmente, celebra misas todas las semanas en la parroquia San José Obrero de El Colmenar, ante la atenta mirada de vecinos que no sospechan del oscuro pasado de quien les dicta principios morales y mensajes divinos", destaca Contrapunto.
En su solicitud de indagatoria, la Fiscalía afirma que el accionar y la presencia de Mijalchyk “contribuyeron a la formación de la atmósfera de apoyo, fomento, cobertura, clandestinidad e impunidad que imperaba en el centro clandestino dentro del cual cometieron los delitos”. Ferrer consideró probado que el cura era un “capellán de hecho”, antes de ser nombrado formalmente. Circulaba libremente por el CCD. Además tenía “contacto directo con las personas que sufrían el cautiverio en la denigrantes condiciones que han sido ya descriptas y teniendo respecto de los guardias un grado de superioridad que se explicitaba en su libre deambular por el centro”. El sólo hecho de permanecer las personas en estos centros clandestinos de detención y tortura durante el terrorismo estatal, ya implica tortura.
El rol de Mijalchyk era ayudar, apoyándose en su condición de religioso, al quebrantamiento de la voluntad de las personas en cautiverio y ayudar en los interrogatorios. Al igual que el rol jugado por Von Wernich en La Plata, la presencia de un religioso legitimaba en cierta forma lo que allí sucedía. Según la fiscalía federal “tenía un rol específico y las funciones que le tocó desempeñar en el esquema represivo del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga marcan un conocimiento del plan criminal en marcha y su intención de favorecer al mismo ofreciendo su especial participación en un rol clave”.
Los documentos de Juan Carlos Clemente
Durante el juicio por el CCD de Jefatura que se celebró entre febrero y julio de este año, un testigo puso a disposición de la justicia una importante cantidad de documentos que sustrajo del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la Policía provincial. Dos sendas carpetas conteniendo papeles que fueron sustraídos a fines de 1977.
Los mismos dan cuenta de listas de desaparecidos, nóminas de cadáveres, informes de inteligencia, declaraciones bajo tortura, comunicación formal entre la patota, entrega de cadáveres, informes de empresas azucareras sobre sus empleados, informes de la UNT sobre sus docentes y estudiantes, entre otras.
Es en esta prueba en donde también figura José Eloy Mijalchyk, como colaborador de la policía provincial ayudando a identificar a posibles militantes o personas vinculadas a las organizaciones revolucionarios o guerrilleras o que simplemente resultaran sospechosas de estar en contra de la dictadura militar. “Esto es cosa de los zurdos”, dijo el cura en declaraciones a Clarín, y sin ponerse colorado agregó que “los zurdos hace rato que me quieren agarrar, porque soy capellán castrense y le doy asistencia espiritual al general Menéndez, como se la di a Zimmermann y Cattáneo hasta que se murieron y a Bussi hasta que lo trasladaron”. Este caso es una parte más de prueba de que la dictadura fue cívico-militar y se llevó a cabo con un plan sistemático de exterminio, del que participaron además de los militares civiles, policía, empresarios, sectores de la justicia y de la iglesia.
"Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar"
H.I.J.O.S. Tucumán
nacimos en su lucha, viven en la nuestra
NI OLVIDO NI PERDÓN
JUICIO Y CASTIGO
jueves, 23 de diciembre de 2010
Y TODO EL AÑO ES CARNAVAL!!!
Y llegó un día en que la inefable gaceta tituló así...
porque hace tiempo aprendimos que lo imposible sólo tarda un poco más, y porque desde hace tiempo construimos este día, estos días de un poco de justicia, de felicidad conquistada en la lucha, porque hoy los viejos sonrien junto a nosotros, estas si que serán unas felices fiestas y un próspero año nuevo!!
SALÚ CARAJO!!!
SALÚ CARAJO!!!
EL ABRAZO DE LA JUSTICIA
Por Marta Dillon
Si la Justicia tiene un largo brazo, ayer fue capaz de rodearnos a todos. A las mujeres de pañuelo blanco, manos tomadas y brazos en alto en señal de victoria, a la chica que se había pintado en la cara la leyenda Nunca más, a los ex presos políticos que levantaron para las cámaras una bandera discreta hecha de tela y aerosol, a esa madre y esa hija que lloraron abrazadas mezclando lágrimas y sudor y la risa, también, por poder estar juntas en ese momento. El dictador ha sido condenado. El Tribunal Oral Número 1, de Córdoba, dispuso su inmediato traslado a una unidad penitenciaria federal. En la sala donde transcurre el juicio estallan los aplausos, el juez que lee la condena pide silencio y parece hablarles también a quienes, a 700 kilómetros de distancia, en pleno microcentro porteño, se desbordan frente a una pantalla gigante que replica la sentencia. Taty Almeida se saca su pañuelo blanco y hace un dibujo con él en el aire, como si fuera un paso de zamba, envuelve con él a Estela de Carlotto. Madre y Abuela de Plaza de Mayo, como si este acto de justicia hubiera borrado algunas de las trazas del tiempo, bailan dando saltitos convertidas en adolescentes. Una condena no puede borrarlo todo, pero sin duda desarticula en este acto tantos años de impunidad.
- - -
Alba Lanzilotto, con la imagen de sus dos hermanas desaparecidas en el pecho, Ana María y María Cristina, cuenta una anécdota mientras agita su abanico. Se trata de una Madre, así con mayúsculas, que después de años de estar sumida en la inconsciencia el martes tuvo un instante de lucidez. Y entonces uno de sus hijos le dijo: “Mamá, los estamos juzgando, acaban de darle perpetua al Turco Julián”. La mujer lo escuchó y agradeció: “Que alegría estar viva para poder ser testigo de este momento”. Al rato la Madre volvió a su inconsciencia. “Yo no puedo festejar –dice Alba–, no me sale la euforia. Pero sé perfectamente que estas condenas son un remedio, un remedio para curar al país y a muchas personas individualmente.” Cuando desde la pantalla montada en el auditorio Emilio Mignone, de la Secretaría de Derechos Humanos, se escuchó la sentencia a Videla, Alba apretó los párpados con fuerza y acarició amorosamente las fotos colgadas sobre su pecho.
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Después del pasaje a la cárcel que sacó el dictador Jorge Rafael Videla, el hombre que lleva el nombre de dos muertos –dos hermanos que lo precedieron–, el tipo del bigote tupido y la raya al costado que en 1977, cuando muchos todavía estaban vivos, se jactó en rueda de prensa de que “los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, son una entelequia, están desaparecidos”, el mismo hombre que años después, amparado por el indulto que le regaló Carlos Menem –y unos cuantos secuaces, es cierto–, le dijo a un periodista –según consta en el libro El Dictador, de María Seoane y Vicente Muleiro–, “Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? Pero, ¿qué es lo que podemos señalar? ¿El mar, el Río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, en seguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo”. Después del turno de ese hombre, llegó la condena a Luciano Benjamín Menéndez, el señor de los cuchillos. Se escuchó la ristra de delitos de los que fue hallado culpable. Se escucharon las palabras mágicas que conjuran la impunidad: prisión perpetua, inhabilitación perpetua, más accesorias y costas cual broche legal para un destino que se agota en el encierro. Tuvo mejor suerte el autodenominado “soldado victorioso ante la guerrilla marxista”. A él le tocará una junta médica que evaluará si está en condiciones de seguir a Videla a una cárcel común. Menéndez tiene un extraño record, ésta es su quinta condena a prisión perpetua. Un chico con una remera que pide “Juicio y Castigo” apunta: “Ojalá le alcanzara la salud para morir en la cárcel”. No es un deseo piadoso. Es un deseo acunado por tantos años de espera de actos de justicia como el que sucedió ayer.
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Eduardo Jozami pasó por cinco penales durante la dictadura, de Devoto a Rawson, recorrió medio país mediante traslados intempestivos y arbitrarios. No lo dice, pero como cualquier otro preso político debe haber visto compañeros morir en la cárcel. Para él, este juicio, estas condenas que siguen sucediéndose en la voz monocorde del juez cordobés tienen el peso específico de dar cuenta de cómo la represión era un entramado del que participaba todo el Estado, aun en sus estratos burocráticos. “Esta es una reivindicación también a los presos políticos”, lo alienta Lita Boitano, de Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. “Porque a veces parece que los presos no lo pasaron tan mal como otros, que la cárcel ya era lo mismo que sobrevivir”, insiste Lita, con una sonrisa emocionada. Ni falta que hace la jerarquía entre las víctimas, aunque si lo menciona es porque algo se cae en esa grieta. Será que la profundidad de las heridas se parece a la penumbra y todavía falta mucho por decir, por hacer, por juzgar, por reparar. De eso también se trata la justicia, aun lenta y con cuentagotas. Además de las condenas, lo que se ha dicho en este juicio quedará escrito con la letra de molde que impone la ley. Y podrá ser consultado por muchas generaciones en adelante.
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El silencio conquista la sala mientras la lectura de la sentencia avanza, morosa, formal, reiterativa. Indiferente a lo que significan frases como “imposición de tormentos agravada por la condición de perseguida política de la víctima” para muchas personas en este auditorio, frente a las puertas del Tribunal en Córdoba y en tantos otros lugares del país. Describen, ni más ni menos, que la planificación de una masacre. Describen también eso sin nombre que atravesó alguien querido, un hijo, una madre, un hermano a quien se buscó, por quien se reclamó, que sigue haciendo falta. Esa reiteración del tormento, tormento agravado, tormento seguido de muerte, como un martillo neumático que golpea cada vez con más fuerza. Tal vez se trate de alivio esa manera de aplaudir y festejar cada vez que la descripción de los hechos se traduce en una condena.
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Hay medialunas y sanguchitos en el auditorio, hay mate, café con leche, bebidas frescas para una tarde de calor arrasador. Agueda no come ni bebe. Basta que se la mire a los ojos para que una pequeña inundación se instale entre sus párpados. Ella no es de las que festejan, no puede hacerlo aunque está ahí para escuchar con otros y con otras cómo la Justicia se abre paso. Sus padres, Luis Goyochea y Nelly Moreno, fueron desaparecidos en Córdoba. Ya fue testigo de otra condena a Luciano Benjamín Menéndez, ese general ultranacionalista que en los primeros años de la democracia todavía se sentía con el poder suficiente como para sacar su cuchillo militar y empuñarlo contra quienes lo repudiaban en una de sus tantas visitas a un juzgado. Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, amo y señor del Campo Clandestino de Detención y Exterminio de La Perla, donde la mamá de Agueda fue asesinada, irá a la cárcel o donde sea que terminen sus huesos según la junta médica sin decir todo lo que sabe sobre el destino de tantos. Y eso es algo que a Agueda le cuesta digerir. O mejor, es algo que le duele. Que no hablen o que hablen para soltar su discursito del soldado heroico. Sin embargo, ella sabe, como saben otras “hijas” –así de fácil es nombrar a quien tiene a su padres desaparecidos, diciendo “soy hija”, porque el vínculo es algo más que una obviedad, es un relato político– que la rodean, que hay pesadillas que empiezan a disiparse, como esa de encontrarse en la calle con un represor y no saber qué hacer, qué decirle. En ese grupo de cuatro, todas tienen algo que contar. La vez que se cruzaron con Astiz, la vez que Lucía se descompuso sólo de ver al Turco Julián sentado en un bar en Corrientes. Eso, al menos, ya no va a suceder.
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Al celular de quien escribe llegan muchos mensajes cuando ya se cuentan 16 prisiones perpetuas en el juicio por el fusilamiento de 31 presos políticos en Córdoba. La mayoría dicen poco; cosas como “abrazo fuerte”. Debería corregirme, eso está lejos de ser poco; al contrario, da cuenta de un entramado de afecto que se brinda de muchas maneras, que comparte eso mismo que sucede acá, en este auditorio, donde Madres, Abuelas, ex presos políticos, algún funcionario, muchos militantes jóvenes: la alegría de saber que algunas consignas son más que eso, son un objetivo a cumplir. Y esa que decía “cárcel común, perpetua y efectiva para los asesinos, sus cómplices y sus instigadores” y que los chicos y las chicas de HIJOS saben corear con ritmo, morosamente y con cuentagotas, está empezando a cumplirse. Con el insoportable costo de la desaparición de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo, también presentes, también dolorosamente ausentes. Desde la pantalla se escucha la voz:
“El juicio ha terminado”, dice y enseguida se escucha el grito que subraya tantos actos: 30 mil compañeros desaparecidos ¡presentes! El abrazo de la Justicia esta vez es tan largo y tan cálido como fue frío e intransigente con quienes debió serlo.
Si la Justicia tiene un largo brazo, ayer fue capaz de rodearnos a todos. A las mujeres de pañuelo blanco, manos tomadas y brazos en alto en señal de victoria, a la chica que se había pintado en la cara la leyenda Nunca más, a los ex presos políticos que levantaron para las cámaras una bandera discreta hecha de tela y aerosol, a esa madre y esa hija que lloraron abrazadas mezclando lágrimas y sudor y la risa, también, por poder estar juntas en ese momento. El dictador ha sido condenado. El Tribunal Oral Número 1, de Córdoba, dispuso su inmediato traslado a una unidad penitenciaria federal. En la sala donde transcurre el juicio estallan los aplausos, el juez que lee la condena pide silencio y parece hablarles también a quienes, a 700 kilómetros de distancia, en pleno microcentro porteño, se desbordan frente a una pantalla gigante que replica la sentencia. Taty Almeida se saca su pañuelo blanco y hace un dibujo con él en el aire, como si fuera un paso de zamba, envuelve con él a Estela de Carlotto. Madre y Abuela de Plaza de Mayo, como si este acto de justicia hubiera borrado algunas de las trazas del tiempo, bailan dando saltitos convertidas en adolescentes. Una condena no puede borrarlo todo, pero sin duda desarticula en este acto tantos años de impunidad.
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Alba Lanzilotto, con la imagen de sus dos hermanas desaparecidas en el pecho, Ana María y María Cristina, cuenta una anécdota mientras agita su abanico. Se trata de una Madre, así con mayúsculas, que después de años de estar sumida en la inconsciencia el martes tuvo un instante de lucidez. Y entonces uno de sus hijos le dijo: “Mamá, los estamos juzgando, acaban de darle perpetua al Turco Julián”. La mujer lo escuchó y agradeció: “Que alegría estar viva para poder ser testigo de este momento”. Al rato la Madre volvió a su inconsciencia. “Yo no puedo festejar –dice Alba–, no me sale la euforia. Pero sé perfectamente que estas condenas son un remedio, un remedio para curar al país y a muchas personas individualmente.” Cuando desde la pantalla montada en el auditorio Emilio Mignone, de la Secretaría de Derechos Humanos, se escuchó la sentencia a Videla, Alba apretó los párpados con fuerza y acarició amorosamente las fotos colgadas sobre su pecho.
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Después del pasaje a la cárcel que sacó el dictador Jorge Rafael Videla, el hombre que lleva el nombre de dos muertos –dos hermanos que lo precedieron–, el tipo del bigote tupido y la raya al costado que en 1977, cuando muchos todavía estaban vivos, se jactó en rueda de prensa de que “los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, son una entelequia, están desaparecidos”, el mismo hombre que años después, amparado por el indulto que le regaló Carlos Menem –y unos cuantos secuaces, es cierto–, le dijo a un periodista –según consta en el libro El Dictador, de María Seoane y Vicente Muleiro–, “Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? Pero, ¿qué es lo que podemos señalar? ¿El mar, el Río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, en seguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo”. Después del turno de ese hombre, llegó la condena a Luciano Benjamín Menéndez, el señor de los cuchillos. Se escuchó la ristra de delitos de los que fue hallado culpable. Se escucharon las palabras mágicas que conjuran la impunidad: prisión perpetua, inhabilitación perpetua, más accesorias y costas cual broche legal para un destino que se agota en el encierro. Tuvo mejor suerte el autodenominado “soldado victorioso ante la guerrilla marxista”. A él le tocará una junta médica que evaluará si está en condiciones de seguir a Videla a una cárcel común. Menéndez tiene un extraño record, ésta es su quinta condena a prisión perpetua. Un chico con una remera que pide “Juicio y Castigo” apunta: “Ojalá le alcanzara la salud para morir en la cárcel”. No es un deseo piadoso. Es un deseo acunado por tantos años de espera de actos de justicia como el que sucedió ayer.
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Eduardo Jozami pasó por cinco penales durante la dictadura, de Devoto a Rawson, recorrió medio país mediante traslados intempestivos y arbitrarios. No lo dice, pero como cualquier otro preso político debe haber visto compañeros morir en la cárcel. Para él, este juicio, estas condenas que siguen sucediéndose en la voz monocorde del juez cordobés tienen el peso específico de dar cuenta de cómo la represión era un entramado del que participaba todo el Estado, aun en sus estratos burocráticos. “Esta es una reivindicación también a los presos políticos”, lo alienta Lita Boitano, de Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. “Porque a veces parece que los presos no lo pasaron tan mal como otros, que la cárcel ya era lo mismo que sobrevivir”, insiste Lita, con una sonrisa emocionada. Ni falta que hace la jerarquía entre las víctimas, aunque si lo menciona es porque algo se cae en esa grieta. Será que la profundidad de las heridas se parece a la penumbra y todavía falta mucho por decir, por hacer, por juzgar, por reparar. De eso también se trata la justicia, aun lenta y con cuentagotas. Además de las condenas, lo que se ha dicho en este juicio quedará escrito con la letra de molde que impone la ley. Y podrá ser consultado por muchas generaciones en adelante.
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El silencio conquista la sala mientras la lectura de la sentencia avanza, morosa, formal, reiterativa. Indiferente a lo que significan frases como “imposición de tormentos agravada por la condición de perseguida política de la víctima” para muchas personas en este auditorio, frente a las puertas del Tribunal en Córdoba y en tantos otros lugares del país. Describen, ni más ni menos, que la planificación de una masacre. Describen también eso sin nombre que atravesó alguien querido, un hijo, una madre, un hermano a quien se buscó, por quien se reclamó, que sigue haciendo falta. Esa reiteración del tormento, tormento agravado, tormento seguido de muerte, como un martillo neumático que golpea cada vez con más fuerza. Tal vez se trate de alivio esa manera de aplaudir y festejar cada vez que la descripción de los hechos se traduce en una condena.
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Hay medialunas y sanguchitos en el auditorio, hay mate, café con leche, bebidas frescas para una tarde de calor arrasador. Agueda no come ni bebe. Basta que se la mire a los ojos para que una pequeña inundación se instale entre sus párpados. Ella no es de las que festejan, no puede hacerlo aunque está ahí para escuchar con otros y con otras cómo la Justicia se abre paso. Sus padres, Luis Goyochea y Nelly Moreno, fueron desaparecidos en Córdoba. Ya fue testigo de otra condena a Luciano Benjamín Menéndez, ese general ultranacionalista que en los primeros años de la democracia todavía se sentía con el poder suficiente como para sacar su cuchillo militar y empuñarlo contra quienes lo repudiaban en una de sus tantas visitas a un juzgado. Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, amo y señor del Campo Clandestino de Detención y Exterminio de La Perla, donde la mamá de Agueda fue asesinada, irá a la cárcel o donde sea que terminen sus huesos según la junta médica sin decir todo lo que sabe sobre el destino de tantos. Y eso es algo que a Agueda le cuesta digerir. O mejor, es algo que le duele. Que no hablen o que hablen para soltar su discursito del soldado heroico. Sin embargo, ella sabe, como saben otras “hijas” –así de fácil es nombrar a quien tiene a su padres desaparecidos, diciendo “soy hija”, porque el vínculo es algo más que una obviedad, es un relato político– que la rodean, que hay pesadillas que empiezan a disiparse, como esa de encontrarse en la calle con un represor y no saber qué hacer, qué decirle. En ese grupo de cuatro, todas tienen algo que contar. La vez que se cruzaron con Astiz, la vez que Lucía se descompuso sólo de ver al Turco Julián sentado en un bar en Corrientes. Eso, al menos, ya no va a suceder.
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Al celular de quien escribe llegan muchos mensajes cuando ya se cuentan 16 prisiones perpetuas en el juicio por el fusilamiento de 31 presos políticos en Córdoba. La mayoría dicen poco; cosas como “abrazo fuerte”. Debería corregirme, eso está lejos de ser poco; al contrario, da cuenta de un entramado de afecto que se brinda de muchas maneras, que comparte eso mismo que sucede acá, en este auditorio, donde Madres, Abuelas, ex presos políticos, algún funcionario, muchos militantes jóvenes: la alegría de saber que algunas consignas son más que eso, son un objetivo a cumplir. Y esa que decía “cárcel común, perpetua y efectiva para los asesinos, sus cómplices y sus instigadores” y que los chicos y las chicas de HIJOS saben corear con ritmo, morosamente y con cuentagotas, está empezando a cumplirse. Con el insoportable costo de la desaparición de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo, también presentes, también dolorosamente ausentes. Desde la pantalla se escucha la voz:
“El juicio ha terminado”, dice y enseguida se escucha el grito que subraya tantos actos: 30 mil compañeros desaparecidos ¡presentes! El abrazo de la Justicia esta vez es tan largo y tan cálido como fue frío e intransigente con quienes debió serlo.
30.000 Compañeros detenidos desaparecidos
PRESENTES!!
AHORA Y SIEMPRE!!
lunes, 20 de diciembre de 2010
Extraño suceso en la Maternidad: Se llevaron 10.000 partidas sin explicaciones
Nota publicada en EL PERIODICO de Tucumán - on line. Lunes 20/12/2010
Sin explicación alguna, del Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, diez mil historias clínicas de recién nacidos -que datan del año 1976 en adelante- fueron sacadas del hospital sin que se haya establecido cuál fue su destino como tampoco el motivo del traslado de ellas. El hecho está registrado en un acta notarial realizada el 10 de julio de 2000, por la escribana pública Graciela Benedicto, por pedido de la por entonces subdirectora de la Maternidad, María Cecilia Balart.
Dicha acta notarial fue girada a la directora del Registro de Personas Desaparecidas, María Eyeheraguibel, el 11 de febrero pasado, adjunta a nota firmada por la directora de la Maternidad, Rossana Chahla.
En la misiva, la directora del hospital indicó a Eyeheraguibel que no contaba con los certificados de nacimientos del año 1974, solicitados por ella para esclarecer quiénes son los padres biológicos de Omal Alberto Tamer (ver Dio con el…), ya que “el libro de registro de parto de ese año se encontraba en nuestro archivo, el cual se inundó y gran parte de la documentación existente quedó inutilizada”.
Sin embargo, el acta notarial, que lleva la firma de Chahla, difiere de la versión que dio la directora de la Maternidad al Registro de Personas Desaparecidas.
Misterio
La solicitud de Balart de que una escribana realice un oficio público en el mencionado centro de salud, era con motivo de certificar que las historias clínicas de Neonatología, que se encontraban en el sótano del edificio, quedaron inutilizadas a raíz de las inundaciones que sufrió esa área del nosocomio.
Balart y María Margarita Rosa de Sulekic, por entonces jefa de estadísticas del hospital, acompañaron a la escribana mientras realizaba el oficio público. De hecho, fue Sulekic quien le comentó a Benedicto que las historias clínicas que se abrieron desde 1976, de la cero a la diez mil, por orden de un doctor de apellido Brainovich, fueron cargadas en contenedores, tras lo cual fueron llevadas.
En el acta notarial no se precisa el nombre de Brainovich, como tampoco la fecha en la que se llevó la documentación ni la razón del traslado.
Por tal motivo, el periódico trató de contactar a Chahla a fin de establecer qué cargo desempeñaba Brainovich y bajo autorización de quién había dispuesto el traslado de esos documentos. No obstante, no fue posible ubicar a la doctora ya que en su oficina dijeron que estaba fuera de la provincia.
Por la cantidad de años -diez- que transcurrieron desde el oficio, la escribana no pudo brindar datos precisos sobre el paradero de Brainovich.
Benedicto, sólo recordó que fueron varias veces las que se tuvo que presentar en la Maternidad para realizar actas notariales. “Todas eran por el mismo motivo, certificar que las actas de nacimiento habían quedado ilegibles tras la inundación del sótano en donde se encontraba gran parte de la documentación”, expresó.
“Creo que ese doctor Brainovich era parte del personal del hospital”, agregó la escribana, aunque sin plena seguridad de ello.
Lo que sí recuerda Benedicto, como figura en el acta notarial, es que Balart reveló que parte de las certificaciones del año 1995 se encontraban en la parte de arriba del edificio, mientras que documentos del 10 de octubre de 1994 para atrás, estaban en el sótano.
El registro da cuenta que, además de las certificaciones que fueron trasladadas, desde la diez mil hasta la noventa mil, se ordenaron bajar al sótano para hacer un archivo que quedó inutilizado luego de que se inundara el sótano. Este traslado de las historias clínicas se debió a que en el hospital iban a llevarse a cabo reformas edilicias. Mientras que, hasta julio de 2000, los certificados desde el número noventa mil en adelante, se econtraban en una área de arriba de la Maternidad.
Interrogante
La nota girada a la directora de Registro de Personas Desaparecidas en la que Chahla da cuenta de que no cuenta con la documentación requerida por Eyeheraguibel, presenta una contradicción: en el acta notarial, firmada y sellada por la directora de la Maternidad, se da cuenta que las historias clínicas del `76 fueron sacadas del hospital y que desde esa fecha en adelante, parte de esos documentos se perdieron. Pero, el pedido de la dirección de Registro de Personas Desaparecidas gira sobre certificados de dos años atrás -1974- y en oficio público no se hace referencia a que los documentos de ese año, se hayan perdido en las inundaciones que sufrió el sótano del edificio.
Sin explicación alguna, del Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, diez mil historias clínicas de recién nacidos -que datan del año 1976 en adelante- fueron sacadas del hospital sin que se haya establecido cuál fue su destino como tampoco el motivo del traslado de ellas. El hecho está registrado en un acta notarial realizada el 10 de julio de 2000, por la escribana pública Graciela Benedicto, por pedido de la por entonces subdirectora de la Maternidad, María Cecilia Balart.
Dicha acta notarial fue girada a la directora del Registro de Personas Desaparecidas, María Eyeheraguibel, el 11 de febrero pasado, adjunta a nota firmada por la directora de la Maternidad, Rossana Chahla.
En la misiva, la directora del hospital indicó a Eyeheraguibel que no contaba con los certificados de nacimientos del año 1974, solicitados por ella para esclarecer quiénes son los padres biológicos de Omal Alberto Tamer (ver Dio con el…), ya que “el libro de registro de parto de ese año se encontraba en nuestro archivo, el cual se inundó y gran parte de la documentación existente quedó inutilizada”.
Sin embargo, el acta notarial, que lleva la firma de Chahla, difiere de la versión que dio la directora de la Maternidad al Registro de Personas Desaparecidas.
Misterio
La solicitud de Balart de que una escribana realice un oficio público en el mencionado centro de salud, era con motivo de certificar que las historias clínicas de Neonatología, que se encontraban en el sótano del edificio, quedaron inutilizadas a raíz de las inundaciones que sufrió esa área del nosocomio.
Balart y María Margarita Rosa de Sulekic, por entonces jefa de estadísticas del hospital, acompañaron a la escribana mientras realizaba el oficio público. De hecho, fue Sulekic quien le comentó a Benedicto que las historias clínicas que se abrieron desde 1976, de la cero a la diez mil, por orden de un doctor de apellido Brainovich, fueron cargadas en contenedores, tras lo cual fueron llevadas.
En el acta notarial no se precisa el nombre de Brainovich, como tampoco la fecha en la que se llevó la documentación ni la razón del traslado.
Por tal motivo, el periódico trató de contactar a Chahla a fin de establecer qué cargo desempeñaba Brainovich y bajo autorización de quién había dispuesto el traslado de esos documentos. No obstante, no fue posible ubicar a la doctora ya que en su oficina dijeron que estaba fuera de la provincia.
Por la cantidad de años -diez- que transcurrieron desde el oficio, la escribana no pudo brindar datos precisos sobre el paradero de Brainovich.
Benedicto, sólo recordó que fueron varias veces las que se tuvo que presentar en la Maternidad para realizar actas notariales. “Todas eran por el mismo motivo, certificar que las actas de nacimiento habían quedado ilegibles tras la inundación del sótano en donde se encontraba gran parte de la documentación”, expresó.
“Creo que ese doctor Brainovich era parte del personal del hospital”, agregó la escribana, aunque sin plena seguridad de ello.
Lo que sí recuerda Benedicto, como figura en el acta notarial, es que Balart reveló que parte de las certificaciones del año 1995 se encontraban en la parte de arriba del edificio, mientras que documentos del 10 de octubre de 1994 para atrás, estaban en el sótano.
El registro da cuenta que, además de las certificaciones que fueron trasladadas, desde la diez mil hasta la noventa mil, se ordenaron bajar al sótano para hacer un archivo que quedó inutilizado luego de que se inundara el sótano. Este traslado de las historias clínicas se debió a que en el hospital iban a llevarse a cabo reformas edilicias. Mientras que, hasta julio de 2000, los certificados desde el número noventa mil en adelante, se econtraban en una área de arriba de la Maternidad.
Interrogante
La nota girada a la directora de Registro de Personas Desaparecidas en la que Chahla da cuenta de que no cuenta con la documentación requerida por Eyeheraguibel, presenta una contradicción: en el acta notarial, firmada y sellada por la directora de la Maternidad, se da cuenta que las historias clínicas del `76 fueron sacadas del hospital y que desde esa fecha en adelante, parte de esos documentos se perdieron. Pero, el pedido de la dirección de Registro de Personas Desaparecidas gira sobre certificados de dos años atrás -1974- y en oficio público no se hace referencia a que los documentos de ese año, se hayan perdido en las inundaciones que sufrió el sótano del edificio.
HAY 400 JÓVENES QUE AÚN NO CONOCEN SU IDENTIDAD, ESTE CRIMEN SE SIGUE COMETIENDO HASTA QUE CONOZCAN QUIENES SON EN REALIDAD.
VOS PODES SER UNO DE ELLOS, VOS PODES CONOCER A ALGUNO DE ELLOS.
ACERCATE, COMUNICATE CON NOSOTROS.
ENTRE TODOS TE ESTAMOS BUSCANDO.
H.I.J.O.S. Tucumán en la Red Nacional
martes, 7 de diciembre de 2010
Comunicado de Prensa ante el ataque al pueblo Qom
Desde la Organización H.I.J.O.S. Tucumán queremos manifestar nuestra profunda solidaridad con el pueblo Qom de la Primavera, brutalmente reprimido por la policia formoseña. Pero sobre todo queremos expresar nuestro mas enérgico repudio y exigir al gobierno provincial y nacional que este ataque no quede impune.
En Tucumán conocemos muy bien los atropellos contra los pueblos originarios, verdaderos dueños de la tierra, por parte de la policía, jueces cómplices y terratienentes que con sus matones asesinaron el 12 de Octubre del año pasado a Javier Chocobar, uno de tantos hermanos muertos por las balas impunes.
Creemos que es hora de que se acaben de una vez y para siempre los miserables ataques a poblaciones que reclaman por su legítima propiedad sobre las tierras ancestrales. Su reclamo es sin dudas más que legítimo e históricamente postergado.
Llamamos a toda la sociedad y a todo el arco político y social a exigir que este ataque no quede impune.
Exigimos que al gobierno formoseño que no encubra a los responsables ni materiales ni políticos, y al gobierno nacional que repudie este aberrante hecho y se arbitren los medios necesarios para que se encuentre a los responsables de los asesinatos de los hermanos qom, de la represión de ancianos y mujeres y el incendio de sus casas.
En Tucumán conocemos muy bien los atropellos contra los pueblos originarios, verdaderos dueños de la tierra, por parte de la policía, jueces cómplices y terratienentes que con sus matones asesinaron el 12 de Octubre del año pasado a Javier Chocobar, uno de tantos hermanos muertos por las balas impunes.
Creemos que es hora de que se acaben de una vez y para siempre los miserables ataques a poblaciones que reclaman por su legítima propiedad sobre las tierras ancestrales. Su reclamo es sin dudas más que legítimo e históricamente postergado.
Llamamos a toda la sociedad y a todo el arco político y social a exigir que este ataque no quede impune.
Exigimos que al gobierno formoseño que no encubra a los responsables ni materiales ni políticos, y al gobierno nacional que repudie este aberrante hecho y se arbitren los medios necesarios para que se encuentre a los responsables de los asesinatos de los hermanos qom, de la represión de ancianos y mujeres y el incendio de sus casas.
Que esta masacre no quede impune!
no a la criminilización de la protesta!
no a la criminilización de la protesta!
Que se respete y se instrumente en todo el país la Ley 26160!
H.I.J.O.S. Tucumán
"Nacimos en su lucha, viven en la nuestra"
Lunes, 6 de diciembre de 2010
MAS ATAQUES A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y CAMPESINOS
Otra avanzada sobre los territorios
Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.
La intensidad de los conflictos territoriales aumentó con el proceso de expropiación a campesinos e indígenas.
Por Darío Aranda
El campo argentino padeció al menos tres asesinatos en poco más de un año: el diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Sandra Juárez el 13 de marzo pasado en Santiago del Estero, y el qom Roberto López el 23 de noviembre en Formosa. Y, sobre todo, sufrió incontables intentos de desalojo y operativos de represión. “La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Comunidades originarias y organizaciones rurales señalan a sectores del poder político y de la Justicia como legitimadores del sector privado.
El 22 de octubre pasado la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico, en El Maitén (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo ni procesó a los agresores. “La cruda realidad muestra la permanente vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de la provincia, por acción u omisión de los estamentos medios y superiores del Gobierno”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut, en su informe anual 2010 sobre el cumplimiento de la legislación indígena.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), desde hace nueve años está dividido en dos sectores, pero ambos coinciden en oponerse al modelo agropecuario (con la soja como emblema), motivo central del avance sobre territorios campesinos, el desmonte, las fumigaciones masivas con agrotóxicos y los desalojos. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras un paraíso para grandes empresarios”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina (integrante del MNCI). “Si se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de las tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante”, enfatizaron.
El 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga, en el norte santiagueño, y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libres a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre, un día después de haberse reunido con el gobernador Gerardo Zamora, un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos.
Entre las exigencias de las familias campesinas figuran el juicio y castigo a los policías y jueces cómplices de los ataques y la urgente sanción de una ley para frenar los desalojos. El martes último, en el paraje El Simbolar (departamento de Alberdi), ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral de los campesinos. “Vamos a seguir defendiendo nuestras tierras que, por derecho, nos corresponden. Hacemos responsable al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo por los hechos de violencia y daños físicos que sufrieron nuestros compañeros”, denunció el presidente del otro sector del Mocase, Guido Corvalán.
En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo último fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados. Los Adriani-Berdún volvieron a su territorio. En noviembre pasado, dos integrantes de la familia fueron detenidos y presionados para que abandonen las parcelas. “Exigimos que se ponga freno a los atropellos y desalojos en todo el territorio provincial por parte de poderosos intereses económicos”, señalaron en un comunicado 33 organizaciones que declararon el estado de alerta y advirtieron que no permitirán un desalojo más en la provincia.
Las historias de judicialización, represión y desalojos se repiten en todas las provincias con presencia campesina e indígena, sin importar el signo político del partido gobernante. Las comunidades originarias y campesinas tienen múltiples diferencias, pero también coincidencias: la defensa de una forma de vida vinculada con el cuidado del territorio, la denuncia de violaciones a sus derechos y de que los conflictos tienen directa relación con el modelo agropecuario, la minería a gran escala, la ganadería intensiva, el monocultivo de árboles, el avance petrolero y el turismo.
“El gobierno nacional generó algunas políticas para que las organizaciones avancemos y disminuya la represión. Sin embargo eso no se replica en los gobiernos provinciales, incluso en algunos de sus principales aliados. Si esa contradicción no se resuelve, las políticas de derechos humanos serán una expresión de deseo cuando se contraponen a los intereses económicos concentrados”, afirmó Montón, del Movimiento Campesino Indígena, presente en diez provincias.
El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (desde la Constitución Nacional al Convenio 169 de la OIT y la Ley 26160) en casi todos los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer y respetar.
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jueves, 2 de diciembre de 2010
Contra la impunidad de la masacre del pueblo Qom
UN ENÉRGICO RESPALDO A LA COMUNDAD QOM
El líder de la comunidad, Félix Díaz, viajó desde Formosa para hacer visible el drama de sus hermanos, reprimidos hace diez días por el gobierno de Formosa. Solicitará una audiencia con la Presidenta.
Por Soledad Vallejos
“Vinieron para matar”, describió el cacique Félix Díaz en una conferencia de prensa tumultuosa. Pocos minutos después, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, ratificaba el sentido del relato: “Fue una emboscada”. Alrededor, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el titular del Inadi, Claudio Morgado; la diputada formoseña Silvia Vázquez, Nora Cortiñas y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el presidente de Amnistía Internacional Argentina, Julio Montero, asentían. Verbitsky refirió la “violencia armada”, las “falsas pistas” sembradas para inculpar a las víctimas y lo “premeditado” de cuanto sucedió. Pérez Esquivel planteó que “Hay que pedir la renuncia del gobernador” y la destitución inmediata del comisario y las fuerzas policiales que hicieron la represión”. En un instante, el silencio del auditorio colmado de representantes de distintos pueblos originarios, representantes políticos, académicos y de ONG, se quebró con un grito que pronto se volvió consigna: “¡Juicio y castigo!”.
“A este indio hay que matarlo. A vos te voy a matar, indio de mierda”, contó el cacique Félix Díaz que escuchó cuando la policía montada, tras desalojarlos de la ruta, avanzó sobre él y “los hermanos” de la comunidad qom La Primavera. Se le venían hombres armados y a caballo; “tuve que sacar mi gomera, que usamos como medio de subsistencia para cazar pájaros. Esa gomera me salvó”. Recibió disparos, “siete de revólver y varios con escopeta”; “el comisario (Ricardo) Cajes de Laguna Blanca jamás levantó la voz” para detener la represión.
Esas mismas circunstancias, pero más detalladas y con respaldo en la historia legal que refiere a las tierras ocupadas por La Primavera, avalaron la medida cautelar que el CELS y la Defensoría General de la Nación habían pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad qom”. Es preciso, evaluó Verbitsky, propiciar la creación de “un ámbito común en el Estado” y del que participen todos los actores del conflicto. Hasta el momento, y de manera histórica, el Estado nacional ha sido “contradictorio” en su actitud hacia La Primavera. Por un lado, el Inadi “desde el primer momento protegió al cacique al designarlo delegado” en la provincia. Por otro, a pedido de la Justicia provincial, la Gendarmería elaboró un dictamen luego de la represión: allí “arriesga juicios y opiniones que no le corresponden, al hablar de enfrentamiento cuerpo a cuerpo”. “Eso es un disparate. Se trató de personas desarmadas, ancianos y niños. Es decir que hubo violencia armada contra pacíficos” pobladores. No sólo fue “premeditado” lo sucedido, sino que, además, las causas judiciales iniciadas contra los pobladores carecen de asidero. Verbitsky relató que una agente de la policía “hizo una simulación de abuso”, al abrirse la casaca y gritar, a la vez, “¡me atacan, me atacan!”. Esa es una de las denuncias abiertas actualmente contra integrantes de la comunidad qom.
En el corazón del conflicto hay cinco mil hectáreas. En 1940, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional las reconoció como pertenecientes a los qom, cuya tradición se sustenta en la propiedad colectiva de la tierra. En 1961, al crearse el Estado provincial, esa propiedad fue reconocida por una resolución local.
“En 1978 hubo un desalojo de criollos que ocupaban parte de esas tierras”, contó Verbitsky. La excepción fue “la parcela que ocupa la familia Celía, porque tenía vínculos con el gobierno militar. Uno de ellos fue luego designado como intendente de Laguna Blanca”. Esa presencia es la que, ahora, la Justicia esgrime como argumento para expulsar a los qom de las tierras. Lo que se intenta es hacer “el desalojo de quienes tienen títulos reconocidos” de propiedad sobre ese territorio.
Las autoridades provinciales fueron señaladas como responsables del conflicto en más de una oportunidad. Ante un auditorio colmado , las definiciones refirieron la necesidad de medidas políticas. Las autoridades provinciales tienen “parte activa del conflicto y tienen responsabilidades”, señaló Verbitsky y también criticó la actuación del ministro de Gobierno provincial, Jorge González. “Actúa con real malicia”, aseguró; hace años, González fue abogado de la Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica.
Ante la descripción de Díaz, sólo se percibían el silencio y la expectación. La excepción fue el final, puntuado por percusiones, sonidos de instrumentos de viento y gritos pidiendo por la intervención de la provincia. Las demás intervenciones estuvieron puntuadas por pedidos de acción inmediata.
Lo sucedido en La Primavera no es un caso aislado, aseguró Pérez Esquivel. “Se margina a los pueblos originarios, a pesar de los pactos. No nos quedemos en la queja. Hay que sumar voluntades.”
El líder de la comunidad, Félix Díaz, viajó desde Formosa para hacer visible el drama de sus hermanos, reprimidos hace diez días por el gobierno de Formosa. Solicitará una audiencia con la Presidenta.
Por Soledad Vallejos
“Vinieron para matar”, describió el cacique Félix Díaz en una conferencia de prensa tumultuosa. Pocos minutos después, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, ratificaba el sentido del relato: “Fue una emboscada”. Alrededor, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el titular del Inadi, Claudio Morgado; la diputada formoseña Silvia Vázquez, Nora Cortiñas y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el presidente de Amnistía Internacional Argentina, Julio Montero, asentían. Verbitsky refirió la “violencia armada”, las “falsas pistas” sembradas para inculpar a las víctimas y lo “premeditado” de cuanto sucedió. Pérez Esquivel planteó que “Hay que pedir la renuncia del gobernador” y la destitución inmediata del comisario y las fuerzas policiales que hicieron la represión”. En un instante, el silencio del auditorio colmado de representantes de distintos pueblos originarios, representantes políticos, académicos y de ONG, se quebró con un grito que pronto se volvió consigna: “¡Juicio y castigo!”.
“A este indio hay que matarlo. A vos te voy a matar, indio de mierda”, contó el cacique Félix Díaz que escuchó cuando la policía montada, tras desalojarlos de la ruta, avanzó sobre él y “los hermanos” de la comunidad qom La Primavera. Se le venían hombres armados y a caballo; “tuve que sacar mi gomera, que usamos como medio de subsistencia para cazar pájaros. Esa gomera me salvó”. Recibió disparos, “siete de revólver y varios con escopeta”; “el comisario (Ricardo) Cajes de Laguna Blanca jamás levantó la voz” para detener la represión.
Esas mismas circunstancias, pero más detalladas y con respaldo en la historia legal que refiere a las tierras ocupadas por La Primavera, avalaron la medida cautelar que el CELS y la Defensoría General de la Nación habían pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad qom”. Es preciso, evaluó Verbitsky, propiciar la creación de “un ámbito común en el Estado” y del que participen todos los actores del conflicto. Hasta el momento, y de manera histórica, el Estado nacional ha sido “contradictorio” en su actitud hacia La Primavera. Por un lado, el Inadi “desde el primer momento protegió al cacique al designarlo delegado” en la provincia. Por otro, a pedido de la Justicia provincial, la Gendarmería elaboró un dictamen luego de la represión: allí “arriesga juicios y opiniones que no le corresponden, al hablar de enfrentamiento cuerpo a cuerpo”. “Eso es un disparate. Se trató de personas desarmadas, ancianos y niños. Es decir que hubo violencia armada contra pacíficos” pobladores. No sólo fue “premeditado” lo sucedido, sino que, además, las causas judiciales iniciadas contra los pobladores carecen de asidero. Verbitsky relató que una agente de la policía “hizo una simulación de abuso”, al abrirse la casaca y gritar, a la vez, “¡me atacan, me atacan!”. Esa es una de las denuncias abiertas actualmente contra integrantes de la comunidad qom.
En el corazón del conflicto hay cinco mil hectáreas. En 1940, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional las reconoció como pertenecientes a los qom, cuya tradición se sustenta en la propiedad colectiva de la tierra. En 1961, al crearse el Estado provincial, esa propiedad fue reconocida por una resolución local.
“En 1978 hubo un desalojo de criollos que ocupaban parte de esas tierras”, contó Verbitsky. La excepción fue “la parcela que ocupa la familia Celía, porque tenía vínculos con el gobierno militar. Uno de ellos fue luego designado como intendente de Laguna Blanca”. Esa presencia es la que, ahora, la Justicia esgrime como argumento para expulsar a los qom de las tierras. Lo que se intenta es hacer “el desalojo de quienes tienen títulos reconocidos” de propiedad sobre ese territorio.
Las autoridades provinciales fueron señaladas como responsables del conflicto en más de una oportunidad. Ante un auditorio colmado , las definiciones refirieron la necesidad de medidas políticas. Las autoridades provinciales tienen “parte activa del conflicto y tienen responsabilidades”, señaló Verbitsky y también criticó la actuación del ministro de Gobierno provincial, Jorge González. “Actúa con real malicia”, aseguró; hace años, González fue abogado de la Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica.
Ante la descripción de Díaz, sólo se percibían el silencio y la expectación. La excepción fue el final, puntuado por percusiones, sonidos de instrumentos de viento y gritos pidiendo por la intervención de la provincia. Las demás intervenciones estuvieron puntuadas por pedidos de acción inmediata.
Lo sucedido en La Primavera no es un caso aislado, aseguró Pérez Esquivel. “Se margina a los pueblos originarios, a pesar de los pactos. No nos quedemos en la queja. Hay que sumar voluntades.”
EN BUSCA DE RESPUESTAS.
Viajó en la noche, acompañado de su mujer y un grupo de hermanos. Sorprendido, visiblemente agotado por la presión del viaje y la necesidad imperiosa de hacer escuchar lo que pasa “a los hermanos” de La Primavera, Félix Díaz, no esperaba una conferencia de prensa tan tumultuosa. “Sorprende, pero a la vez nos alegra ver que hay gente preocupada por lo que pasa en Formosa, estas personalidades. Para nosotros es un aliento.”
–¿Van a quedarse en Buenos Aires hasta tener respuesta del gobierno nacional?
–Sí, porque nuestra intención es que la Presidenta nos atienda. Que nos escuche por lo menos. No podemos regresar sin una respuesta. Estamos pasando por un mal momento y necesitamos urgente la resolución sobre la seguridad de las personas que habitamos ahí. No puede ser que un hermano no quiera ir al hospital porque tiene miedo por la policía, miedo por los médicos, miedo por salir de la casa, porque están constantemente hostigados por la policía. No queremos que la policía sea custodio de La Primavera. Queremos que sea una institución armada de la Nación, que nos den las garantías para estar tranquilos. Duele cuando los hermanos escuchan un disparo de arma y van corriendo, porque no se sabe qué pasó.
–¿Ya antes de la represión de la semana pasada eran frecuentes esas escenas?
–Antes del desalojo siempre, porque la misma policía hace prácticas de tiro en el territorio. Porque ahí están apostados hace más de tres años con la Unidad Especial de Asuntos Rurales, que combate el cuatrerismo. Y sin embargo ahí, en esa zona estamos, en área protegida. No hay estancias grandes que digamos. Pero la Unidad está instalada.
–¿Siguen sin tener documentos hasta hoy?
–Sí, seguimos sin documentos. Y hoy me llamaron hermanos que están ahí, dicen que el Instituto del Aborigen está llevando un operativo. Pero la gente no quiere porque dicen que si ellos estuvieron siempre, ¿por qué ahora recién vienen? Los hermanos piden que sea el gobierno nacional el que esté a cargo del operativo.
–¿No confían en ninguna autoridad provincial?
–No, de la provincia no.
–¿En qué situación está la gente que quedó en La Primavera, ahora que ustedes vinieron a Buenos Aires?
–La gente está muy preocupada, porque hay muchos hermanos que están heridos y no quieren ir al médico, por temor al maltrato.
–¿Cuántos son los heridos?
–Son 23, la mayoría ancianos. Los jóvenes pudieron escapar de la balacera. Pero los que quedaron ahí eran mujeres y ancianos. Un padre de familia agarró a sus hijos, de un año a 4 años, tres criaturas, los encerró en su casa, con su mujer embarazada, para poder salvaguardar su integridad física. El estaba defendiendo a su gente. La casa estaba pegada al destacamento policial. Cuando terminó todo, nos pregunta “¿Quemaron mi casa?”, decía él. “Sí”, los que vieron “quemaron”. Y entonces el hombre lloraba. “Qué desgracia, porque yo encerré a mis hijos ahí.” Nadie sabía nada de las criaturas. Habían sido secuestradas el martes, y recién el jueves aparecieron.
–¿Dónde habían estado esos días?
–En la comisaría de Laguna Blanca. Incomunicados. Nos dio mucha bronca por ese constante ensañamiento con esas pobres criaturas, que no tienen nada que ver con el conflicto. En el hospital, lo mismo: a los heridos les hicieron algunos puntos pero sin anestesia.
–¿Por qué sin anestesia?
–Por el odio que tienen, los médicos y la policía. Es un trato muy cruel, inhumano, del cual ellos no cuentan porque les da vergüenza que esto se sepa, pero ahora tenemos la posibilidad de contar las cosas como son y la verdad que como líder me duele mucho. Además estoy perseguido por la Justicia, por esta situación de la muerte del policía... A mí me duele mucho, muchísimo, que esto siga pasando en Formosa. Me gustaría que el Estado se haga responsable. Lo que más queremos es que se investigue, que se haga un resarcimiento de los daños de los hermanos. Hay un anciano que tiene 63 años. Recién compró una bicicleta. Pagó una sola cuota. Y esa bicicleta, cuando prenden fuego nuestros ranchos, los policías agarran la bicicleta y la tiran en el fuego. La policía tiene que pagar esos daños, no puede ser que esto quede impune, como si no fuéramos humanos o no tuviéramos derechos, o como si fuera que no somos ciudadanos.
lunes, 29 de noviembre de 2010
REPUDIO A LAS AGRESIONES CONTRA UN TESTIGO PROTEGIDO
La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires repudia el frustrado atentado que padeció el miércoles un testigo protegido de varias causas por crímenes de lesa humanidad.
La secretaria de Derechos Humanos Sara Derotier de Cobacho, ratificó que un testigo protegido recibió una encomienda que contenía una granada AFK 2 y una carta de amenaza. Ante esa situación, tuvo que intervenir el personal de bomberos de San Nicolás, y especialistas en explosivos hicieron detonar la granada.
A través de Sara Cobacho, la Secretaría de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación “por la situación que atravesamos quienes estamos comprometidos en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, ya que algunos imputados parecieran gozar de toda tranquilidad, mientras a nosotros nos mandan una granada”. En ese sentido, la Secretaria de Derechos Humanos reclamó que la Justicia despliegue los medios necesarios para garantizar la seguridad de todos los testigos de los imprescriptibles delitos de lesa humanidad.
Desde esta Secretaría, renovamos nuestro pedido al poder Judicial, para que exprese con hechos la voluntad de hacer justicia, que hasta ahora sólo manifestó en palabras.
Sara Derotier de Cobacho
Secretaria de Derechos Humanos
Provincia de Buenos Aires
La secretaria de Derechos Humanos Sara Derotier de Cobacho, ratificó que un testigo protegido recibió una encomienda que contenía una granada AFK 2 y una carta de amenaza. Ante esa situación, tuvo que intervenir el personal de bomberos de San Nicolás, y especialistas en explosivos hicieron detonar la granada.
A través de Sara Cobacho, la Secretaría de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación “por la situación que atravesamos quienes estamos comprometidos en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, ya que algunos imputados parecieran gozar de toda tranquilidad, mientras a nosotros nos mandan una granada”. En ese sentido, la Secretaria de Derechos Humanos reclamó que la Justicia despliegue los medios necesarios para garantizar la seguridad de todos los testigos de los imprescriptibles delitos de lesa humanidad.
Desde esta Secretaría, renovamos nuestro pedido al poder Judicial, para que exprese con hechos la voluntad de hacer justicia, que hasta ahora sólo manifestó en palabras.
Sara Derotier de Cobacho
Secretaria de Derechos Humanos
Provincia de Buenos Aires
miércoles, 24 de noviembre de 2010
Esperando la condena a 31 represores
El juicio de la UP1 en Córdoba, por delitos de lesa humanidad con mayor cantidad de imputados en el país entra en su tramo final. Duró cerca de 5 meses y 110 testigos. Las querellas y la fiscalía pedirán las penas más altas. Las pruebas y los testimonios recolectados. La complicidad de la Justicia y la Iglesia. La violencia sexual.
Por Martín Notarfrancesco
Desde Córdoba
“La responsabilidad no se delega, se asume. El cabo no es culpable de todo... Hago responsable al Ejército por haberme arruinado la vida” Con estas palabras, el ex cabo Miguel Angel Pérez rompió el pacto de sangre y silencio que Luciano Menéndez impuso en el Tercer Cuerpo de Ejército. Confesó haber rematado a Raúl “Paco” Bauducco, uno de los presos políticos alojados en el Pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria 1 (UP1). El 5 de julio de 1976 sacaron a más de cien “detenidos subversivos” al patio. Desnudos, contra la pared, manos en alto y piernas abiertas, recibían los golpes. Era una de las típicas requisas, comandada por el teniente Enrique Pedro Mones Ruiz. Bauducco no aguantó más y cayó sobre las rodillas. El cabo lo exhortó a levantarse. Paco no reaccionaba. “Levantate o te mato.” Paco murió con un disparo en el pómulo. Humberto Vera estaba parado al lado y, en su declaración, recordó el humo saliendo entre los pelos de Bauducco.
La etapa de recolección de pruebas concluyó el jueves pasado. El juicio lleva cinco meses de audiencias, por las que desfilaron 110 testigos. El fusilamiento sistemático de 31 presos políticos entre abril y octubre de 1976 fue reconstruido con numerosas pruebas. El dictador Jorge Rafael Videla volvió al banquillo luego del Juicio a las Juntas de 1985. En esta oportunidad eligió una defensa distinta y habló. Fue el 16 de septiembre. Para cerrar su alocución leyó un párrafo de Nicolás Rodríguez Peña, uno de los próceres de 1810: “Que fuimos crueles, vaya con el cargo. Mientras tanto, ahí tienen ustedes una patria que no está en el compromiso de serlo. La salvamos como creíamos que debíamos hacerlo. ¿Hubo otros medios? Nosotros no los tuvimos, ni creíamos que con otros medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. Arrójennos la culpa al rostro y gocen de los resultados, nosotros seremos los verdugos, sean ustedes hombres libres”. Con esa intervención, el dictador intentó reinstalar la vieja mentira de que el terrorismo de Estado fue una guerra. Pero también dijo que existe un solo Ejército, que va de los San Martín a los Videla, y que los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos son una campaña de desprestigio al uniforme verde.
La etapa de recolección de pruebas concluyó el jueves pasado. El juicio lleva cinco meses de audiencias, por las que desfilaron 110 testigos. El fusilamiento sistemático de 31 presos políticos entre abril y octubre de 1976 fue reconstruido con numerosas pruebas. El dictador Jorge Rafael Videla volvió al banquillo luego del Juicio a las Juntas de 1985. En esta oportunidad eligió una defensa distinta y habló. Fue el 16 de septiembre. Para cerrar su alocución leyó un párrafo de Nicolás Rodríguez Peña, uno de los próceres de 1810: “Que fuimos crueles, vaya con el cargo. Mientras tanto, ahí tienen ustedes una patria que no está en el compromiso de serlo. La salvamos como creíamos que debíamos hacerlo. ¿Hubo otros medios? Nosotros no los tuvimos, ni creíamos que con otros medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. Arrójennos la culpa al rostro y gocen de los resultados, nosotros seremos los verdugos, sean ustedes hombres libres”. Con esa intervención, el dictador intentó reinstalar la vieja mentira de que el terrorismo de Estado fue una guerra. Pero también dijo que existe un solo Ejército, que va de los San Martín a los Videla, y que los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos son una campaña de desprestigio al uniforme verde.
LOS QUE NO ESTÁN
Uno de los momentos más impactantes de las audiencias se registró con el testimonio de algunas ex detenidas. La maestra Soledad García pasó cuatro años y medio en prisión sin causa alguna en su contra. Antes de terminar su declaración, se dio vuelta y miró de frente a Videla para decirle que los desaparecidos sí que existieron y ya no están, los mataron. Ante una sala atónita y un Videla desencajado le pidió que diga dónde están. Entre ellos su compañero, Eduardo Requena.
A los diez días de la muerte de Bauducco, otro asesinato estremeció al penal. El teniente Alsina descubrió a René “Cacho” Moukarzel con un paquete de sal y decidió matarlo. Pero antes todos tenían que sufrir. Fue el día más frío del año. Alsina estaqueó a Moukarzel en el patio de mujeres y lo dejó hasta entrada la noche. Abrió las ventanas para que desde las celdas sus compañeras lo vieran agonizar. Cada tanto ordenaba que le tiraran un baldazo de agua. A pesar de los tremendos tormentos no logró que Cacho gritara “¡viva el Ejército!”.
“Qué triste que es la historia para un verdugo cuando la víctima no se rinde. Ese ejemplo, esa entereza, nos fortaleció”, recordó Gloria Di Rienzo, que escuchó los gritos de Moukarzel desde el Pabellón 14. Graciela Galarraga vio toda la secuencia. Reconoció que cuando quedó sola en su celda de 3 metros por 1 le pegaba cabezazos a la pared. Necesitaba borrar lo que había visto.
DE LONDRES A CÓRDOBA
Una de las jornadas más calientes se vivió el 22 de septiembre, cuando declaró vía teleconferencia desde Londres el sobreviviente Carlos Raimundo “Charlie” Moore, que estuvo seis años cautivo en el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2). Allí nadie sobrevivía más de tres semanas. Se fugó en 1980 y cruzó a Brasil. Antes de partir hacia Inglaterra pidió una máquina de escribir y redactó de un tirón un testimonio de 70 páginas. Ahora, frente a una computadora en el consulado argentino de Londres, reconoció a casi todos los imputados policías. Detalló operativos y el funcionamiento que conoció en su cautiverio. Su testimonio es la clave que permitirá la condena de varios represores. Moore vivió en el corazón de la bestia, sintetizó Miguel Robles, un policía cuyo padre, también policía, fue asesinado por la D2. A Miguel siempre le dijeron que habían sido los Montoneros. A fines de 2009 fue a Inglaterra y Moore le contó la verdad. La búsqueda es el título que Miguel eligió para el libro que escribió tras aquel encuentro. La presidenta Cristina Fernández comentó por Twitter lo impactada que quedó al leerlo.
COMPLICIDADES
Una de las particularidades del juicio es el entramado de complicidades que revela. Las víctimas eran militantes políticos apresados antes del golpe. Por eso recalaron en la cárcel y no en centros clandestinos. La eliminación física requería algún artilugio, ya que el Estado reconocía tener detenidas a estas personas. La Justicia federal fue la encargada. Las indagatorias se realizaban dentro de la cárcel y en presencia de los militares. Los jueces federales Adolfo Zamboni Ledesma y Miguel Angel Puga se encargaron de firmar las órdenes para que policías o militares retiraran a los presos. Una vez afuera, los asesinaban. El operativo culminaba con un comunicado del III Cuerpo diciendo que los subversivos se habían querido fugar y habían muerto en el intento. A partir del golpe, los presos políticos no pudieron contar más con un abogado personal. La Justicia les asignó defensores oficiales. Eduardo Luis Molina es muy recordado: el letrado se caracterizaba por pedir favores sexuales a cambio de una prometida defensa. “Vos no querés hablar y además no te querés sacar la bombachita, así no vas a salir más”, le dijo a María Teresa Sánchez.
La cúpula de la Iglesia Católica aportó lo suyo. Los capellanes Eduardo Mackinnon y Sabas Gallardo fueron enviados por el cardenal Raúl Primatesta para tranquilizar a los presos. Cuando llegaron, Fermín Rivera percibió una luz de esperanza y les contó todo lo que estaba pasando dentro del penal. Su ilusión terminó cuando le dijeron que hasta tres días de tortura no constituían pecado.
CRÍMENES SEXUALES
Un elemento novedoso en el proceso fue la comprensión de las vejaciones sexuales como crímenes políticos. Hasta el momento son pocas las víctimas, mujeres u hombres, que traspasan esta frontera. Muchas veces no se trata de una realidad negada, sino que ante el sinfín de métodos de torturas padecidos, la violencia sexual no se percibe como un delito. María del Rosario Miguel Muñoz tiene 60 años, es psicóloga, vive en Francia y le dicen “Charo”. Se exilió apenas pudo salir de la cárcel, en 1978. Volvió para declarar en este juicio. Con su español afrancesado contó detalles de su calvario. El fiscal Carlos Gonella le preguntó si estaba dispuesta a denunciar los abusos sexuales. Al ser de instancia privada, requieren la voluntad de la víctima. Muñoz no dudó en responder y al otro día se presentó ante el Juzgado de Instrucción.
Por aquellos días alguien recordó una inspección realizada en la cárcel cuando la causa estaba en plena investigación. En una de las puertas de chapa de las celdas que ocuparon las mujeres había un mensaje: “Será maldito para siempre el gendarme que aquí me violó”. La mayor claridad al respecto la aportó la última testigo, Doris Caffieri, viuda de Bauducco, que también estuvo detenida en la UP1 y viajó desde España para declarar.
“En los procedimientos siempre nos desnudaban. Era una morbosidad. Que nos hagan desnudar es una violación. Me metieron la mano en la vagina antes de parir. Yo lo considero una violación. No hace falta que te pongan un pene. Sí, he sido violada muchas veces.”
LA SENTENCIA
Desde ayer las querellas formularán sus conclusiones y pedirán las penas. Seguirán la fiscalía y, por último, las defensas. A mediados de diciembre el tribunal pretende dar lectura al veredicto. El abogado de H.I.J.O.S. y Familiares, querellante en este juicio, Claudio Orosz, confió que para Videla, Menéndez y toda la cadena de mandos militares pedirán la máximo pena. En el mismo sentido se pronunció Carlos Gonella desde la fiscalía, aferrado a las contundentes pruebas reunidas.
martes, 23 de noviembre de 2010
QUE NO QUEDE IMPUNE...
A un mes del asesinato del compañero Mariano Ferreyra militante del Partido Obrero, H.I.J.O.S. Tucumán repudia este hecho como así también se solidariza con sus familiares, compañeros y amigos, tanto de Mariano como de todos los heridos en tal aberrante ataque.Este brutal asesinato no debe quedar impune. Es absolutamente repudiable e inadmisible la actitud violenta de las patotas sindicales que atacaron planificadamente y a sangre fría a una columna de manifestaste que en legitimo derecho reclamaban por el despido de compañeros y la precarización de sus condiciones laborales.
Exigimos al Estado la identificación y castigo no sólo de los responsables materiales, muchos de los cuales ya están detenidos, sino también de los responsables políticos de este crimen, como así también el esclarecimiento de la participación cómplice de la Policía Federal que dejó la zona liberada, tal como manifestaron muchos testigos presenciales.
QUE ESTE ASESINATO NO QUEDE IMPUNE!
JUICIO Y CASTIGO
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El país Domingo, 21 de noviembre de 2010
VIGILIA Y ACTOS A UN MES DEL HOMICIDIO DEL JOVEN MILITANTE DEL PO
“Acá hubo un plan”
En el homenaje se reclamó que la investigación no se limite a los autores materiales sino que se extienda a los responsables intelectuales. Colocaron una placa en el lugar en el que murió.
En Luján y Perdriel se colocó una placa de homenaje al joven asesinado.
Imagen: DyN.
Para recordar a Mariano Ferreyra a un mes de su asesinato, sus amigos y compañeros de militancia junto a organizaciones políticas y sociales realizaron desde la noche del viernes una vigilia en la esquina de Barracas donde ocurrió el crimen. Los manifestantes llegaron a Barracas con una marcha de antorchas que salió de la estación Avellaneda y recorrió las cuadras que caminaron los tercerizados durante la protesta del 20 de octubre, hasta llegar a Luján y Perdriel, donde los atacó la patota de la Unión Ferroviaria. Terminada la vigilia, colocaron allí una placa.
En el acto, en el que estuvieron algunos familiares de Mariano, hablaron Nelson Aguirre, un militante del Partido Obrero que fue herido el día del crimen, y Marcelo Verterial, amigo del joven asesinado. También un trabajador tercerizado y el titular del PO, Jorge Altamira.
Para cerrar el homenaje, marcharon hasta el Hospital Argerich a modo de respaldo a Elsa Rodríguez, quien continúa internada en terapia intensiva, en estado de coma, con un disparo en la cabeza.
Durante la jornada, el reclamo principal fue que la investigación no se limite a los autores materiales del homicidio, sino que llegue a sus responsables intelectuales. “Como ya lo dijimos varias veces, acá no hubo una decisión de un barrabrava suelto que se zarpó de rosca. Acá hubo un plan y eso está acreditado en la causa judicial”, sostuvo Marcelo Ramal. El dirigente del PO acusó a la Unión Ferroviaria de haber actuado “integralmente reclutando la patota, ya que brindó licencias gremiales a cien trabajadores en los talleres de Remedios de Escalada”. Por otra parte, acusó tanto a la Policía Bonaerense como a la Federal de haber facilitado el crimen. “Hubo tolerancia y entendimiento entre la Policía Bonaerense y la patota, ya que mientras eran agredidos nuestros compañeros, desde los terraplenes los policías también los atacaban, y más tarde, cuando comenzaron los tiros, la Policía Federal abrió sus patrulleros y dejó pasar a los patoteros.”
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