María Isabel de Chorobik de Mariani (Fundadora de la Fundacíón Anahí y de Abuelas de Plaza de Mayo),
Elsa Pavón (Presidenta de la Asociación Anahí),
Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora),
Sara Dorothier de Cobacho (Secretaria de Derechos Humanos Pcia. de Bs.As.),
Paula Logares (nieta recuperada) y otros Organismos de Derechos Humanos, querellantes en la causa conocida como práctica sistemática de robos de bebés, junto con el abogado Alejo Ramos Padilla, denunciaron a 2 altos magistrados y a un ex funcionario judicial por su participación en la entrega y apropiación de un bebé durante la dictadura cívico-militar.
Los magistrados denunciados son el Dr. Wagner Gustavo Mitchell, miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal y el Dr. Jorge Martínez Sobrino, actualmente integrante del Tribunal Oral Federal Nº6, que lleva adelante el proceso conocido como "práctica sistemática de robo de bebés". Fue en este proceso donde se encuentran las pruebas que involucran a los denunciados en la entrega de un bebé de 20 días de vida a un Subcomisario en el mismo momento en que su madre era secuestrada y llevada a un centro clandestino de detención.
Frente al hallazgo de un bebé "abandonado" de 20 días -que es un hecho extremadamente grave- los Dres. Mitchell y Martínez Sobrino, no sólo no realizaron ni una sola medida de investigación para encontrar a su familia, sino que por lo contrario callaron, y a través de un expediente ideológicamente falso dotaron de una "supuesta legalidad" la apropiación, y ello pese a que existían innumerables habeas corpus, y madres y abuelas que recorrían juzgados en busca de sus familiares.
Recuperada la democracia en vez de recurrir a la CONADEP o a las Abuelas y terminar con el daño que habian causado, mantuvieron silencio y
lo que es aún peor: uno de ellos pretende juzgar el caso que lo tuvo como partícipe a él y al Dr. Mitchell, y ni siquiera presenta una excusación.Ahora, el juez que debe investigar "la metodología y los criterios de asignación de los niños", y en especial la intervensión de la justicia para darle un marco de "supuesta legalidad" a los apropiadores (tal como ocurrió con el caso Noble Herrera), pretende juzgar los hechos que lo tuvieron como partícipe.
La presentación finaliza señalando que
"no es posible tolerar que estos hombres sigan en las altas funciones que ocupan y nos sentimos verdaderamente defraudados cuando venimos a reclamar justicia y nos encontramos que aquellos que deben impartirla han participado en los crímenes de lesa humanidad que nos perjudicaron; y aún continúan perjudicando a nuestros nietos".Este expediente es la demostración de la complicidad de algunos jueces con el sistema para consolidar la apropiación de niños y la entrega a sus apropiadores mediante un marco de "supuesta legalidad judicial".-
NI OLVIDO NI PERDÓN
JUSTICIA