UN ENÉRGICO RESPALDO A LA COMUNDAD QOM
El líder de la comunidad, Félix Díaz, viajó desde Formosa para hacer visible el drama de sus hermanos, reprimidos hace diez días por el gobierno de Formosa. Solicitará una audiencia con la Presidenta.
Por Soledad Vallejos
“Vinieron para matar”, describió el cacique Félix Díaz en una conferencia de prensa tumultuosa. Pocos minutos después, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, ratificaba el sentido del relato: “Fue una emboscada”. Alrededor, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el titular del Inadi, Claudio Morgado; la diputada formoseña Silvia Vázquez, Nora Cortiñas y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el presidente de Amnistía Internacional Argentina, Julio Montero, asentían. Verbitsky refirió la “violencia armada”, las “falsas pistas” sembradas para inculpar a las víctimas y lo “premeditado” de cuanto sucedió. Pérez Esquivel planteó que “Hay que pedir la renuncia del gobernador” y la destitución inmediata del comisario y las fuerzas policiales que hicieron la represión”. En un instante, el silencio del auditorio colmado de representantes de distintos pueblos originarios, representantes políticos, académicos y de ONG, se quebró con un grito que pronto se volvió consigna: “¡Juicio y castigo!”.
“A este indio hay que matarlo. A vos te voy a matar, indio de mierda”, contó el cacique Félix Díaz que escuchó cuando la policía montada, tras desalojarlos de la ruta, avanzó sobre él y “los hermanos” de la comunidad qom La Primavera. Se le venían hombres armados y a caballo; “tuve que sacar mi gomera, que usamos como medio de subsistencia para cazar pájaros. Esa gomera me salvó”. Recibió disparos, “siete de revólver y varios con escopeta”; “el comisario (Ricardo) Cajes de Laguna Blanca jamás levantó la voz” para detener la represión.
Esas mismas circunstancias, pero más detalladas y con respaldo en la historia legal que refiere a las tierras ocupadas por La Primavera, avalaron la medida cautelar que el CELS y la Defensoría General de la Nación habían pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad qom”. Es preciso, evaluó Verbitsky, propiciar la creación de “un ámbito común en el Estado” y del que participen todos los actores del conflicto. Hasta el momento, y de manera histórica, el Estado nacional ha sido “contradictorio” en su actitud hacia La Primavera. Por un lado, el Inadi “desde el primer momento protegió al cacique al designarlo delegado” en la provincia. Por otro, a pedido de la Justicia provincial, la Gendarmería elaboró un dictamen luego de la represión: allí “arriesga juicios y opiniones que no le corresponden, al hablar de enfrentamiento cuerpo a cuerpo”. “Eso es un disparate. Se trató de personas desarmadas, ancianos y niños. Es decir que hubo violencia armada contra pacíficos” pobladores. No sólo fue “premeditado” lo sucedido, sino que, además, las causas judiciales iniciadas contra los pobladores carecen de asidero. Verbitsky relató que una agente de la policía “hizo una simulación de abuso”, al abrirse la casaca y gritar, a la vez, “¡me atacan, me atacan!”. Esa es una de las denuncias abiertas actualmente contra integrantes de la comunidad qom.
En el corazón del conflicto hay cinco mil hectáreas. En 1940, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional las reconoció como pertenecientes a los qom, cuya tradición se sustenta en la propiedad colectiva de la tierra. En 1961, al crearse el Estado provincial, esa propiedad fue reconocida por una resolución local.
“En 1978 hubo un desalojo de criollos que ocupaban parte de esas tierras”, contó Verbitsky. La excepción fue “la parcela que ocupa la familia Celía, porque tenía vínculos con el gobierno militar. Uno de ellos fue luego designado como intendente de Laguna Blanca”. Esa presencia es la que, ahora, la Justicia esgrime como argumento para expulsar a los qom de las tierras. Lo que se intenta es hacer “el desalojo de quienes tienen títulos reconocidos” de propiedad sobre ese territorio.
Las autoridades provinciales fueron señaladas como responsables del conflicto en más de una oportunidad. Ante un auditorio colmado , las definiciones refirieron la necesidad de medidas políticas. Las autoridades provinciales tienen “parte activa del conflicto y tienen responsabilidades”, señaló Verbitsky y también criticó la actuación del ministro de Gobierno provincial, Jorge González. “Actúa con real malicia”, aseguró; hace años, González fue abogado de la Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica.
Ante la descripción de Díaz, sólo se percibían el silencio y la expectación. La excepción fue el final, puntuado por percusiones, sonidos de instrumentos de viento y gritos pidiendo por la intervención de la provincia. Las demás intervenciones estuvieron puntuadas por pedidos de acción inmediata.
Lo sucedido en La Primavera no es un caso aislado, aseguró Pérez Esquivel. “Se margina a los pueblos originarios, a pesar de los pactos. No nos quedemos en la queja. Hay que sumar voluntades.”
El líder de la comunidad, Félix Díaz, viajó desde Formosa para hacer visible el drama de sus hermanos, reprimidos hace diez días por el gobierno de Formosa. Solicitará una audiencia con la Presidenta.
Por Soledad Vallejos
“Vinieron para matar”, describió el cacique Félix Díaz en una conferencia de prensa tumultuosa. Pocos minutos después, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, ratificaba el sentido del relato: “Fue una emboscada”. Alrededor, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el titular del Inadi, Claudio Morgado; la diputada formoseña Silvia Vázquez, Nora Cortiñas y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el presidente de Amnistía Internacional Argentina, Julio Montero, asentían. Verbitsky refirió la “violencia armada”, las “falsas pistas” sembradas para inculpar a las víctimas y lo “premeditado” de cuanto sucedió. Pérez Esquivel planteó que “Hay que pedir la renuncia del gobernador” y la destitución inmediata del comisario y las fuerzas policiales que hicieron la represión”. En un instante, el silencio del auditorio colmado de representantes de distintos pueblos originarios, representantes políticos, académicos y de ONG, se quebró con un grito que pronto se volvió consigna: “¡Juicio y castigo!”.
“A este indio hay que matarlo. A vos te voy a matar, indio de mierda”, contó el cacique Félix Díaz que escuchó cuando la policía montada, tras desalojarlos de la ruta, avanzó sobre él y “los hermanos” de la comunidad qom La Primavera. Se le venían hombres armados y a caballo; “tuve que sacar mi gomera, que usamos como medio de subsistencia para cazar pájaros. Esa gomera me salvó”. Recibió disparos, “siete de revólver y varios con escopeta”; “el comisario (Ricardo) Cajes de Laguna Blanca jamás levantó la voz” para detener la represión.
Esas mismas circunstancias, pero más detalladas y con respaldo en la historia legal que refiere a las tierras ocupadas por La Primavera, avalaron la medida cautelar que el CELS y la Defensoría General de la Nación habían pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad qom”. Es preciso, evaluó Verbitsky, propiciar la creación de “un ámbito común en el Estado” y del que participen todos los actores del conflicto. Hasta el momento, y de manera histórica, el Estado nacional ha sido “contradictorio” en su actitud hacia La Primavera. Por un lado, el Inadi “desde el primer momento protegió al cacique al designarlo delegado” en la provincia. Por otro, a pedido de la Justicia provincial, la Gendarmería elaboró un dictamen luego de la represión: allí “arriesga juicios y opiniones que no le corresponden, al hablar de enfrentamiento cuerpo a cuerpo”. “Eso es un disparate. Se trató de personas desarmadas, ancianos y niños. Es decir que hubo violencia armada contra pacíficos” pobladores. No sólo fue “premeditado” lo sucedido, sino que, además, las causas judiciales iniciadas contra los pobladores carecen de asidero. Verbitsky relató que una agente de la policía “hizo una simulación de abuso”, al abrirse la casaca y gritar, a la vez, “¡me atacan, me atacan!”. Esa es una de las denuncias abiertas actualmente contra integrantes de la comunidad qom.
En el corazón del conflicto hay cinco mil hectáreas. En 1940, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional las reconoció como pertenecientes a los qom, cuya tradición se sustenta en la propiedad colectiva de la tierra. En 1961, al crearse el Estado provincial, esa propiedad fue reconocida por una resolución local.
“En 1978 hubo un desalojo de criollos que ocupaban parte de esas tierras”, contó Verbitsky. La excepción fue “la parcela que ocupa la familia Celía, porque tenía vínculos con el gobierno militar. Uno de ellos fue luego designado como intendente de Laguna Blanca”. Esa presencia es la que, ahora, la Justicia esgrime como argumento para expulsar a los qom de las tierras. Lo que se intenta es hacer “el desalojo de quienes tienen títulos reconocidos” de propiedad sobre ese territorio.
Las autoridades provinciales fueron señaladas como responsables del conflicto en más de una oportunidad. Ante un auditorio colmado , las definiciones refirieron la necesidad de medidas políticas. Las autoridades provinciales tienen “parte activa del conflicto y tienen responsabilidades”, señaló Verbitsky y también criticó la actuación del ministro de Gobierno provincial, Jorge González. “Actúa con real malicia”, aseguró; hace años, González fue abogado de la Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica.
Ante la descripción de Díaz, sólo se percibían el silencio y la expectación. La excepción fue el final, puntuado por percusiones, sonidos de instrumentos de viento y gritos pidiendo por la intervención de la provincia. Las demás intervenciones estuvieron puntuadas por pedidos de acción inmediata.
Lo sucedido en La Primavera no es un caso aislado, aseguró Pérez Esquivel. “Se margina a los pueblos originarios, a pesar de los pactos. No nos quedemos en la queja. Hay que sumar voluntades.”
EN BUSCA DE RESPUESTAS.
Viajó en la noche, acompañado de su mujer y un grupo de hermanos. Sorprendido, visiblemente agotado por la presión del viaje y la necesidad imperiosa de hacer escuchar lo que pasa “a los hermanos” de La Primavera, Félix Díaz, no esperaba una conferencia de prensa tan tumultuosa. “Sorprende, pero a la vez nos alegra ver que hay gente preocupada por lo que pasa en Formosa, estas personalidades. Para nosotros es un aliento.”
–¿Van a quedarse en Buenos Aires hasta tener respuesta del gobierno nacional?
–Sí, porque nuestra intención es que la Presidenta nos atienda. Que nos escuche por lo menos. No podemos regresar sin una respuesta. Estamos pasando por un mal momento y necesitamos urgente la resolución sobre la seguridad de las personas que habitamos ahí. No puede ser que un hermano no quiera ir al hospital porque tiene miedo por la policía, miedo por los médicos, miedo por salir de la casa, porque están constantemente hostigados por la policía. No queremos que la policía sea custodio de La Primavera. Queremos que sea una institución armada de la Nación, que nos den las garantías para estar tranquilos. Duele cuando los hermanos escuchan un disparo de arma y van corriendo, porque no se sabe qué pasó.
–¿Ya antes de la represión de la semana pasada eran frecuentes esas escenas?
–Antes del desalojo siempre, porque la misma policía hace prácticas de tiro en el territorio. Porque ahí están apostados hace más de tres años con la Unidad Especial de Asuntos Rurales, que combate el cuatrerismo. Y sin embargo ahí, en esa zona estamos, en área protegida. No hay estancias grandes que digamos. Pero la Unidad está instalada.
–¿Siguen sin tener documentos hasta hoy?
–Sí, seguimos sin documentos. Y hoy me llamaron hermanos que están ahí, dicen que el Instituto del Aborigen está llevando un operativo. Pero la gente no quiere porque dicen que si ellos estuvieron siempre, ¿por qué ahora recién vienen? Los hermanos piden que sea el gobierno nacional el que esté a cargo del operativo.
–¿No confían en ninguna autoridad provincial?
–No, de la provincia no.
–¿En qué situación está la gente que quedó en La Primavera, ahora que ustedes vinieron a Buenos Aires?
–La gente está muy preocupada, porque hay muchos hermanos que están heridos y no quieren ir al médico, por temor al maltrato.
–¿Cuántos son los heridos?
–Son 23, la mayoría ancianos. Los jóvenes pudieron escapar de la balacera. Pero los que quedaron ahí eran mujeres y ancianos. Un padre de familia agarró a sus hijos, de un año a 4 años, tres criaturas, los encerró en su casa, con su mujer embarazada, para poder salvaguardar su integridad física. El estaba defendiendo a su gente. La casa estaba pegada al destacamento policial. Cuando terminó todo, nos pregunta “¿Quemaron mi casa?”, decía él. “Sí”, los que vieron “quemaron”. Y entonces el hombre lloraba. “Qué desgracia, porque yo encerré a mis hijos ahí.” Nadie sabía nada de las criaturas. Habían sido secuestradas el martes, y recién el jueves aparecieron.
–¿Dónde habían estado esos días?
–En la comisaría de Laguna Blanca. Incomunicados. Nos dio mucha bronca por ese constante ensañamiento con esas pobres criaturas, que no tienen nada que ver con el conflicto. En el hospital, lo mismo: a los heridos les hicieron algunos puntos pero sin anestesia.
–¿Por qué sin anestesia?
–Por el odio que tienen, los médicos y la policía. Es un trato muy cruel, inhumano, del cual ellos no cuentan porque les da vergüenza que esto se sepa, pero ahora tenemos la posibilidad de contar las cosas como son y la verdad que como líder me duele mucho. Además estoy perseguido por la Justicia, por esta situación de la muerte del policía... A mí me duele mucho, muchísimo, que esto siga pasando en Formosa. Me gustaría que el Estado se haga responsable. Lo que más queremos es que se investigue, que se haga un resarcimiento de los daños de los hermanos. Hay un anciano que tiene 63 años. Recién compró una bicicleta. Pagó una sola cuota. Y esa bicicleta, cuando prenden fuego nuestros ranchos, los policías agarran la bicicleta y la tiran en el fuego. La policía tiene que pagar esos daños, no puede ser que esto quede impune, como si no fuéramos humanos o no tuviéramos derechos, o como si fuera que no somos ciudadanos.
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