QUIENES SOMOS?

H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) es una agrupacion creada en 1.995, a partir de la necesidad de juntarnos, reconociendonos en las historias comúnes, reivindicar la lucha de nuestros padres y sus compañeros, buscar a nuestros hermanos apropiados, luchar contra la impunidad. A más de 15 años seguimos luchando por la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas de la última dictadura militar, sus cómplices, instigadores y beneficiarios.

martes, 7 de diciembre de 2010

Comunicado de Prensa ante el ataque al pueblo Qom

Desde la Organización H.I.J.O.S. Tucumán queremos manifestar nuestra profunda solidaridad con el pueblo Qom de la Primavera, brutalmente reprimido por la policia formoseña. Pero sobre todo queremos expresar nuestro mas enérgico repudio y exigir al gobierno provincial y nacional que este ataque no quede impune.
En Tucumán conocemos muy bien los atropellos contra los pueblos originarios, verdaderos dueños de la tierra, por parte de la policía, jueces cómplices y terratienentes que con sus matones asesinaron el 12 de Octubre del año pasado a Javier Chocobar, uno de tantos hermanos muertos por las balas impunes.
Creemos que es hora de que se acaben de una vez y para siempre los miserables ataques a poblaciones que reclaman por su legítima propiedad sobre las tierras ancestrales. Su reclamo es sin dudas más que legítimo e históricamente postergado.
Llamamos a toda la sociedad y a todo el arco político y social a exigir que este ataque no quede impune.
Exigimos que al gobierno formoseño que no encubra a los responsables ni materiales ni políticos, y al gobierno nacional que repudie este aberrante hecho y se arbitren los medios necesarios para que se encuentre a los responsables de los asesinatos de los hermanos qom, de la represión de ancianos y mujeres y el incendio de sus casas.

Que esta masacre no quede impune!
no a la criminilización de la protesta!

Que se respete y se instrumente en todo el país la Ley 26160!

H.I.J.O.S. Tucumán
"Nacimos en su lucha, viven en la nuestra"


Lunes, 6 de diciembre de 2010
MAS ATAQUES A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y CAMPESINOS
Otra avanzada sobre los territorios
Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.

La intensidad de los conflictos territoriales aumentó con el proceso de expropiación a campesinos e indígenas.

Por Darío Aranda
El campo argentino padeció al menos tres asesinatos en poco más de un año: el diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Sandra Juárez el 13 de marzo pasado en Santiago del Estero, y el qom Roberto López el 23 de noviembre en Formosa. Y, sobre todo, sufrió incontables intentos de desalojo y operativos de represión. “La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Comunidades originarias y organizaciones rurales señalan a sectores del poder político y de la Justicia como legitimadores del sector privado.

El 22 de octubre pasado la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico, en El Maitén (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo ni procesó a los agresores. “La cruda realidad muestra la permanente vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de la provincia, por acción u omisión de los estamentos medios y superiores del Gobierno”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut, en su informe anual 2010 sobre el cumplimiento de la legislación indígena.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), desde hace nueve años está dividido en dos sectores, pero ambos coinciden en oponerse al modelo agropecuario (con la soja como emblema), motivo central del avance sobre territorios campesinos, el desmonte, las fumigaciones masivas con agrotóxicos y los desalojos. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras un paraíso para grandes empresarios”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina (integrante del MNCI). “Si se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de las tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante”, enfatizaron.

El 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga, en el norte santiagueño, y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libres a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre, un día después de haberse reunido con el gobernador Gerardo Zamora, un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos.

Entre las exigencias de las familias campesinas figuran el juicio y castigo a los policías y jueces cómplices de los ataques y la urgente sanción de una ley para frenar los desalojos. El martes último, en el paraje El Simbolar (departamento de Alberdi), ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral de los campesinos. “Vamos a seguir defendiendo nuestras tierras que, por derecho, nos corresponden. Hacemos responsable al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo por los hechos de violencia y daños físicos que sufrieron nuestros compañeros”, denunció el presidente del otro sector del Mocase, Guido Corvalán.

En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo último fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados. Los Adriani-Berdún volvieron a su territorio. En noviembre pasado, dos integrantes de la familia fueron detenidos y presionados para que abandonen las parcelas. “Exigimos que se ponga freno a los atropellos y desalojos en todo el territorio provincial por parte de poderosos intereses económicos”, señalaron en un comunicado 33 organizaciones que declararon el estado de alerta y advirtieron que no permitirán un desalojo más en la provincia.

Las historias de judicialización, represión y desalojos se repiten en todas las provincias con presencia campesina e indígena, sin importar el signo político del partido gobernante. Las comunidades originarias y campesinas tienen múltiples diferencias, pero también coincidencias: la defensa de una forma de vida vinculada con el cuidado del territorio, la denuncia de violaciones a sus derechos y de que los conflictos tienen directa relación con el modelo agropecuario, la minería a gran escala, la ganadería intensiva, el monocultivo de árboles, el avance petrolero y el turismo.

“El gobierno nacional generó algunas políticas para que las organizaciones avancemos y disminuya la represión. Sin embargo eso no se replica en los gobiernos provinciales, incluso en algunos de sus principales aliados. Si esa contradicción no se resuelve, las políticas de derechos humanos serán una expresión de deseo cuando se contraponen a los intereses económicos concentrados”, afirmó Montón, del Movimiento Campesino Indígena, presente en diez provincias.

El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (desde la Constitución Nacional al Convenio 169 de la OIT y la Ley 26160) en casi todos los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer y respetar.

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Una ley operativa es necesaria

Por María Julia Albarracín

En el avance de las causas por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar persiste la necesidad de garantizar la protección de testigos, querellantes, abogados y militantes de organizaciones sociales. En este camino desaparecieron Julio López, hecho aberrante que tuvo la clara intención de amedrentarnos. Esto adquirió la atención de la clase política, que recurre al intento de adaptar la "Ley Nacional 25.764", denominada "Programa de Protección a testigos e imputados", creada para garantizar la seguridad de testigos de delitos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico. Esta es la ley que se viene aplicando a personas que guardan en sus testimonios historias de lucha por reconstruir la memoria de todos los argentinos, quienes no tienen intención de ocultarse ante las amenazas, son víctimas pero no han sucumbido.

Tucumán, sancionó en 2.006 la ley 7.860, que crea el "Departamento de Protección de Testigos" en el ámbito del Poder Ejecutivo. Es una norma general que está a la espera de ser reglamentada por el Gobernador y de una partida presupuestaria que la ponga en marcha.

El panorama es complejo y la ley no ha sido el marco para resolver situacions de amenazas enTucumán, sin embargo la ausencia legal no nos ha detenido en la marcha de este juicio que se avecina, lo que es una gran ,muestra de fortaleza, de esperanza y el resultado de la perseverancia en la búsqueda por la verdad, el juicio y el castigo.



JUICIO Y CASTIGO

Contamos con un area de Legales, Investigacion y Comunicacion que se avoca exclusivamente al trabajo de enjuiciar a los represores. Investigamos para construir la verdad historia y aportar pruebas judiciales que nos permitan condenar a los imputados de los delitos de lesa humanidad en nuestra provincia. En este trabajo confluyen dos lineamientos generales de la organización: la reconstrucción histórica y el juicio y castigo. Entendemos que estos comlejos procesos judiciales deben ser acompañados de una fuente política de comunicación, para lo cual trabajamos elaborando distintos productos y propuestas. Si querés contactarte con nosotros para aportar información o realizar alguna consulta vinculada con estos trabajos escribinos a: hijostucuman@yahoo.com