Publicado el 23 de Agosto de 2010 en Tiempo Argentino. Por Gerardo Aranguren
El suicidio del mayor Larrabure, mientras se hallaba secuestrado por el ERP, fue presentado como un asesinato y sirvió de excusa para impulsar el genocidio. Datos de la “historia oficial”.
El 23 de agosto de 1975, el Ejército encontró en las afueras de Rosario el cuerpo del mayor Argentino del Valle Larrabure. Ese mismo día, 35 años atrás, las Fuerzas Armadas le atribuyeron al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el asesinato y las torturas contra el militar. Ese supuesto crimen político fue utilizado unos meses después para justificar el golpe de Estado: “Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo”, argumentaba la proclama de la Junta Militar, firmada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti.Sin embargo, según pudo comprobar el periodista Carlos Del Frade en una investigación radial que fue premiada con el Martín Fierro Federal, Larrabure se suicidó estrangulándose el 19 agosto de ese año en el sótano de una cárcel del ERP, tras 372 días de cautiverio.
El Ejército y el gobierno de María Estela Martínez de Perón “multiplicaron la idea de un cobarde homicidio” para “impulsar el genocidio”. El caso también fue, y sigue siendo, funcional a aquellos sectores que impulsan la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos por los movimientos armados. Ante la versión militar sobre el asesinato del mayor Larrabure, el ERP difundió el siguiente comunicado: “Acostumbrado a torturar y fusilar a todo combatiente que cae en sus manos, el Ejército quiere justificar su miserable actitud atribuyendo falsamente a los revolucionarios los mismos métodos que él utiliza”.
El 10 de julio de 1974, el movimiento armado secuestró en la Fábrica Militar de Villa María, Córdoba, al mayor Larrabure -quien se desempeñaba como subdirector del establecimiento- para utilizarlo en la fabricación de explosivos. Más de un año después, su cuerpo apareció en una zanja en las afueras de Rosario.
“El expediente judicial jamás habló de torturas, mala alimentación y mucho menos de asesinato. Sin embargo, desde los grandes medios de comunicación se impuso la falsificación de la realidad”, explicó el periodista en su investigación. Esto fue confirmado por el único testigo presencial del hecho, René Alberto Vicari, quien fue secuestrado por la guerrilla en la ciudad de Rosario con la intención de pedir un rescate. El empresario estuvo detenido en el mismo sótano que Larrabure y escuchó, desde la celda contigua, cuando el militar se ahorcó.
Además de desmentir el asesinato y torturas de Larrabure, Del Frade logró seguir la cadena de engaños que los militares llevaron adelante cuando aún había un régimen democrático al frente del país. Según se desprende de los informes de los forenses, tomados en la causa judicial, “la muerte fue producida por asfixia por estrangulación”. Allí tampoco aparecen indicios de torturas, ya que destacan “el buen estado nutricional” del militar, y se determinó que no hubo lesiones producidas por el paso de electricidad.
Los jueces Ramón Ojeda Febre y René Daffis Niclison ordenaron, antes de que finalizara la primer autopsia, calificar el hecho como un homicidio. “Fueron aquellos dos jueces porteños los que impulsaron la teoría del homicidio mucho antes de practicarse el primer examen”, explicó Del Frade, y agregó: “Así empezó la historia oficial del supuesto asesinato de Larrabure”.
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