QUIENES SOMOS?

H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) es una agrupacion creada en 1.995, a partir de la necesidad de juntarnos, reconociendonos en las historias comúnes, reivindicar la lucha de nuestros padres y sus compañeros, buscar a nuestros hermanos apropiados, luchar contra la impunidad. A más de 15 años seguimos luchando por la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas de la última dictadura militar, sus cómplices, instigadores y beneficiarios.

martes, 6 de abril de 2010

COMUNICADO DE PRENSA JUECES COMPLICES DE APROPIACIÓN DE NIÑOS

María Isabel de Chorobik de Mariani (Fundadora de la Fundacíón Anahí y de Abuelas de Plaza de Mayo), Elsa Pavón (Presidenta de la Asociación Anahí), Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Sara Dorothier de Cobacho (Secretaria de Derechos Humanos Pcia. de Bs.As.), Paula Logares (nieta recuperada) y otros Organismos de Derechos Humanos, querellantes en la causa conocida como práctica sistemática de robos de bebés, junto con el abogado Alejo Ramos Padilla, denunciaron a 2 altos magistrados y a un ex funcionario judicial por su participación en la entrega y apropiación de un bebé durante la dictadura cívico-militar.
Los magistrados denunciados son el Dr. Wagner Gustavo Mitchell, miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal y el Dr. Jorge Martínez Sobrino, actualmente integrante del Tribunal Oral Federal Nº6, que lleva adelante el proceso conocido como "práctica sistemática de robo de bebés". Fue en este proceso donde se encuentran las pruebas que involucran a los denunciados en la entrega de un bebé de 20 días de vida a un Subcomisario en el mismo momento en que su madre era secuestrada y llevada a un centro clandestino de detención.
Frente al hallazgo de un bebé "abandonado" de 20 días -que es un hecho extremadamente grave- los Dres. Mitchell y Martínez Sobrino, no sólo no realizaron ni una sola medida de investigación para encontrar a su familia, sino que por lo contrario callaron, y a través de un expediente ideológicamente falso dotaron de una "supuesta legalidad" la apropiación, y ello pese a que existían innumerables habeas corpus, y madres y abuelas que recorrían juzgados en busca de sus familiares.
Recuperada la democracia en vez de recurrir a la CONADEP o a las Abuelas y terminar con el daño que habian causado, mantuvieron silencio y lo que es aún peor: uno de ellos pretende juzgar el caso que lo tuvo como partícipe a él y al Dr. Mitchell, y ni siquiera presenta una excusación.
Ahora, el juez que debe investigar "la metodología y los criterios de asignación de los niños", y en especial la intervensión de la justicia para darle un marco de "supuesta legalidad" a los apropiadores (tal como ocurrió con el caso Noble Herrera), pretende juzgar los hechos que lo tuvieron como partícipe.
La presentación finaliza señalando que "no es posible tolerar que estos hombres sigan en las altas funciones que ocupan y nos sentimos verdaderamente defraudados cuando venimos a reclamar justicia y nos encontramos que aquellos que deben impartirla han participado en los crímenes de lesa humanidad que nos perjudicaron; y aún continúan perjudicando a nuestros nietos".
Este expediente es la demostración de la complicidad de algunos jueces con el sistema para consolidar la apropiación de niños y la entrega a sus apropiadores mediante un marco de "supuesta legalidad judicial".-

NI OLVIDO NI PERDÓN
JUSTICIA

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Una ley operativa es necesaria

Por María Julia Albarracín

En el avance de las causas por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar persiste la necesidad de garantizar la protección de testigos, querellantes, abogados y militantes de organizaciones sociales. En este camino desaparecieron Julio López, hecho aberrante que tuvo la clara intención de amedrentarnos. Esto adquirió la atención de la clase política, que recurre al intento de adaptar la "Ley Nacional 25.764", denominada "Programa de Protección a testigos e imputados", creada para garantizar la seguridad de testigos de delitos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico. Esta es la ley que se viene aplicando a personas que guardan en sus testimonios historias de lucha por reconstruir la memoria de todos los argentinos, quienes no tienen intención de ocultarse ante las amenazas, son víctimas pero no han sucumbido.

Tucumán, sancionó en 2.006 la ley 7.860, que crea el "Departamento de Protección de Testigos" en el ámbito del Poder Ejecutivo. Es una norma general que está a la espera de ser reglamentada por el Gobernador y de una partida presupuestaria que la ponga en marcha.

El panorama es complejo y la ley no ha sido el marco para resolver situacions de amenazas enTucumán, sin embargo la ausencia legal no nos ha detenido en la marcha de este juicio que se avecina, lo que es una gran ,muestra de fortaleza, de esperanza y el resultado de la perseverancia en la búsqueda por la verdad, el juicio y el castigo.



JUICIO Y CASTIGO

Contamos con un area de Legales, Investigacion y Comunicacion que se avoca exclusivamente al trabajo de enjuiciar a los represores. Investigamos para construir la verdad historia y aportar pruebas judiciales que nos permitan condenar a los imputados de los delitos de lesa humanidad en nuestra provincia. En este trabajo confluyen dos lineamientos generales de la organización: la reconstrucción histórica y el juicio y castigo. Entendemos que estos comlejos procesos judiciales deben ser acompañados de una fuente política de comunicación, para lo cual trabajamos elaborando distintos productos y propuestas. Si querés contactarte con nosotros para aportar información o realizar alguna consulta vinculada con estos trabajos escribinos a: hijostucuman@yahoo.com